“Hace quince años vivo en La Plata, quieren deportarme y separarme de mis tres hijos”

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Evangelina es paraguaya, en 2010 cumplió una condena por un delito menor. Ahora fue a hacer un trámite a la oficina de Migraciones y se enteró de que quieren expulsarla por un decreto de Macri.

Evangelina (nombre ficticio por razones obvias) tiene 34 años. A los 20 llegó a Argentina junto a su hermana desde Itacurubí del Rosario (norte de Paraguay) con el plan de conseguir un trabajo y vivir mejor.

En 2007 fue detenida por la Policía, acusada de “tráfico de estupefacientes”, un delito que no suele llevar a la cárcel a los capitalistas del narcotráfico sino a quienes son apresados portando cantidades insignificantes de marihuana o de alguna otra sustancia.

Estuvo dos años y ocho meses presa en las unidades penitenciarias de Jujuy y Ezeiza, cumpliendo una condena de la que se liberó en el año 2010. Desde entonces no tuvo más problemas con “la ley” y formó una familia con un hombre argentino. Tuvieron tres hijos y ambos trabajan, ella en su casa y él en una empresa. “En blanco”, aclaran ante La Izquierda Diario en la puerta de la oficina de Migraciones de La Plata.

El Estado argentino le robó la tranquilidad a la familia cuando Evangelina fue a Migraciones a realizar lo que suponía iba a ser un mero trámite burocrático para regularizar su residencia en Argentina. Una vez allí le informaron que iban a deportarla a causa de tener un “antecedente penal”.

“Esto es peor que la condena” de 2007, dice Evangelina angustiada. “Te congela todo, no podés dar un paso adelante”, afirma.

Su pareja, quien en caso de ser deportada Evangelina quedará a cargo de sus niños, agrega: “Estábamos construyendo la casa y tuvimos que para todo”.

La destrucción de las familias migrantes en Argentina está habilitada por el xenófobo Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del año 2017, firmado por Mauricio Macri y repudiado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Una norma que vulnera derechos elementales como los de la niñez y los de los inmigrantes.

La separación entre madres, padres e hijos se ha vuelto una política frecuente del gobierno Nacional, implementada a través de la Dirección Nacional de Migraciones, el Poder Judicial y las fuerzas represivas del Estado.

Un hecho similar ocurrió en febrero en la Ciudad de Buenos Aires con Vanesa Gómez, migrante peruana a quien deportaron con su bebé en brazos, separándola de sus otros dos hijos argentinos.

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La xenofobia del Gobierno y de muchos políticos opositores está destruyendo a las familias migrantes y es de esperar que estas medidas se profundicen. Desde la Dirección Nacional de Migraciones aseguran que para este año hay una proyección de 1.500 deportaciones, un aumento del 115 % respecto del año pasado.

Pero todo esto es parte de una operación política que convierte a las comunidades de inmigrantes en chivos expiatorios, culpándolas de las consecuencias de la crisis económica que atraviesa el país y estigmatizándolas como delincuentes. Hoy esa operación se concentran fuertemente en la arena electoral, no solo con la fórmula Macri-Pichetto (dos xenófobos declarados), sino también con algunos personajes del arco kirchnerista, como el exsecretario de Seguridad de Cristina Fernández, Sergio Berni.

La Izquierda Diario abre su espacio para que todas las comunidades migrantes que quieran difundir su lucha puedan hacerlo. Y repudia estas operaciones políticas, que usan la xenofobia para descargar la crisis sobre la clase trabajadora y los sectores populares, alentando el odio entre nativos y migrantes. Algo que crece aún más en época electoral, sin importarles la separación y la destrucciones de las familias, de nuestras vidas y nuestros sueños. Porque nativa o extranjera se trata de la misma clase obrera.



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