#ILE: el Gobierno de Manzur sigue jugando con la vida de la niña víctima de violación

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Desde el movimiento de mujeres desmienten que se estarían tomando “las medidas necesarias para garantizar la interrupción del embarazo”, como se informa en los medios. Señalan que no hubo comunicación con la familia de la niña y alertan contra las maniobras. El antecedente de Jujuy es una alerta para no cesar en la movilización.

Hoy el el Sistema provincial de Salud (Siprosa) debía informar a la Justicia una decisión sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) de la niña de 11 años abusada por la pareja de su abuela. Desde las organizaciones del movimiento de mujeres desmienten la información de que el Siprosa estaría tomando “las medidas necesarias para garantizar la interrupción del embarazo”, como publicó La Gaceta. Señalan que no hubo comunicación con la familia de la niña y alertan contra las maniobras.

Bajo la consigna #NiñasNoMadres, en todo el país se repudia la demora y los intentos de imponer una maternizada forzada a un niña, negando un derecho que se contempla en el Código Penal desde 1921.

Maniobras para imponer la maternidad forzada

Pasaron casi dos meses desde que se informó al hospital Eva Perón sobre este embarazo producto de un abuso. Lucía, como se ha denominado a la niña para proteger su identidad, ingresó por dolores estomacales cuando en realidad llevaba 16 semanas de gestación. Allí contó que había sido agredida sexualmente. A pesar de que la menor había manifestado en la cámara Gesell su voluntad de interrumpir el embarazo, pedido solicitado por su madre, se obstaculizó el procedimiento hasta ahora, cuando ya lleva 23 semanas de gestación.

Desde el propio gobierno se apostó a que el embarazo continúe en contra de la voluntad de la niña y su madre. ”Yo estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”, declaró Gustavo Vigliocco, secretario del Siprosa, en el programa “Pasaron Cosas”. Tras la repercusión nacional, Vigliocco se exculpó en un tuit durante el fin de semana. “Yo no puedo tomar ninguna decisión. Soy secretario médico. No me toca decidir”, escribió.

No se trata solo de Vigliocco, sino también de su jefa, la ministra de Salud Rossana Chahla, de conocido rechazo al aborto. Bajo su gestión como directora de la Maternidad se acusó penalmente una mujer, María Magdalena, por acudir con un aborto en curso. Previamente fue sometida a un legrado sin anestesia como parte de la violencia institucional. De opinión similar es la directora del hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila.

La estrategia de quienes avasallan los derechos de la niña es similar al caso reciente de Jujuy. Allí la posición del gobierno de Gerardo Morales fue forzar a una niña de 12 años, víctima también de un abuso sexual, a una cesárea. En ese momento, el movimiento de mujeres remarcó que “Cesárea no es ILE”. Además de obligar a una niña a parir, el desenlace incluyó que a las horas muera el niño. Una muestra del sadismo de los fundamentalistas antiderechos y un antecedente que se vuelve una alerta importante para que en Tucumán no se repita no solo la obstaculización de la ILE sino también el sometimiento de la niña a una cesárea.

Un régimen misógino

Este nuevo caso se suma a la tristemente célebre lista de ataques a las mujeres por parte del régimen tucumano. En la causa judicial hay un informe del cuerpo forense de Tribunales que menciona el “alto riesgo obstétrico” para la niña si se continuaba el embarazo. Un embarazo producto de una violación, en donde hay riesgo para la salud para la niña ameritaba que la ILE se aplique sin mayores dilaciones. Sin embargo, el Siprosa y la Justicia han mirado para otro lado.

En el plano judicial, la fiscal María del Carmen Reuter intervino y se judicializó la ILE, algo que ya está contemplado en el Código Penal, existiendo protocolos que instan a que se hagan de inmediato en menores de 15 años. Por otro lado, la fiscal Adriana Giannoni intervino de oficio para “proteger los derechos del niño por nacer”, un disparate jurídico y una aberración para vulnerar los derechos de una niña abusada. Esas aberraciones, que literalmente atrasan un siglo, también se proclaman desde el poder legislativo. En otro escándalo nacional, el legislador Marcelo Caponio propuso un proyecto de ley para que se prohiban los abortos en casos de violación. El repudio generalizado hizo caer el proyecto pero no las intenciones de los antiderechos en avanzar sobre lo ya conquistado.

Lo mencionado no son hechos aislados. El gobernador Juan Manzur encabezó las movilizaciones “celestes” que defendían la clandestinidad del aborto y sus consecuencias fatales para las mujeres. El ex ministro de Salud de Cristina Kirchner llegó al paroxismo de declarar a Tucumán como una provincia “provida”, fortaleciendo los lazos con el Vaticano y los evangelistas. Esta posición también es sostenida por la oposición, como la clerical Silvia Elías de Pérez o José Cano, y por José Alperovich. Todo este arco político sostiene también el rechazo a la educación sexual integral y siente orgullo porque Tucumán sea la única provincia que no adhiere a la ley de salud sexual y procreación responsable.

Frente a un régimen misógino que busca avanzar constantemente sobre los derechos de las mujeres y LGTBI, es fundamental la movilización. El año pasado la “marea verde” fortaleció los reclamos por nuestras demandas gracias al protagonismo de miles de jóvenes. Desde Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda apostamos a que esa fuerza se organice en los lugares de estudio y de trabajo. Y como parte de estas peleas cotidianas queremos hacer una gran columna para este 8 de Marzo y marchar para defender derechos como la ILE, conquistar el aborto legal, la separación de la Iglesia y el Estado, y unir estas peleas con las luchas contra el ajuste.



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