Intento de homicidio al cacique Jerez: "No queremos otro Javier Chocobar''

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Son varias las denuncias por parte del pueblo indígena Ocloya hacia el terrateniente Verzini. Sin embargo el hostigamiento no ha cesado poniendo en peligro la vida de los integrantes de la comunidad que defienden su territorio.

El viernes pasado integrantes del Pueblo Ocloya y la comunidad indígena de Tilquiza se hicieron presentes en el ministerio público de la Acusación para realizar una nueva denuncia ante el Fiscal General Dr. Enrique Lello Sanchez y solicitar una audiencia. La misma corresponde a un nuevo intento de homicidio, con arma de fuego al Cacique del Pueblo Ocloya, Néstor Jerez, por parte del terrateniente Verzini, y de su empleado, Sergio Amaranto. Sobre ellos pesan varias denuncias por violencia y hostigamiento hacia el cacique y los integrantes de las comunidad indígena de Tilquiza. Cabe destacar que esta situación se da en medio del reclamo legítimo por parte de la comunidad indígena de Tilquiza sobre sus territorios ancestrales.

Los hechos

En un comunicado de prensa la comunidad indígena de Tilquiza y el pueblo Ocloya denunciaron “…el 12 de febrero pasado, nuevamente Ariel Amaranto empleado del terrateniente Enrique Daniel Verzini, corre a tiros con arma larga a Nestor Jerez, Cacique del Pueblo Ocloya, gritándole “indio hijo de puta, te voy a cagar matando…” “…dejen de joder con la comunidad…” y “…por aquí no vas a pasar más…”. El hecho fue protagonizado a 16:30 hs aproximadamente, al regreso en territorio por senda ancestral, en lugar denominado “el tilo y la mecha” ubicado al lado de Escuela primaria 329 de Tilquiza, a 17 km de San Salvador de Jujuy.

El Cacique expreso “tuve que correr por el monte, salve mi vida de milagro” “…todavía siento el silbido del tiro que me rozo la cabeza…” “…no quiero ser más tiro al blanco de este homicida…”

No es la primera vez que las autoridades de la comunidad indígena de Tilquiza y el pueblo Ocloya viven esta situación. Desde el año 2010 que el terrateniente Verzini y su empleado, ha amedrentado hasta poner en riesgo la vida de los integrantes de la comunidad y sus representantes, con armas de fuego, intentando atropellar con una camioneta, amenazando de muerte, y realizando acciones que vulneran los derechos de la comunidad indígena, desde el cerramiento de caminos ancestrales a través de portones con candado, cables con corriente eléctrica conectados a través de panel solar y atrapa ganado, impidiendo el libre tránsito de la comunidad por sus caminos ancestrales, obligándolos a transitar en forma inhumana por un camino alternativo sobre el rio Tilquiza, que en verano se torna intransitable por la crecida, quedando aislada la comunidad.

Si bien las denuncias realizadas ante la justicia son varias, e incluso varios hechos de amedrentamiento y violencia fueron constatadas en el 2017 por autoridades del INAI –Institutos de Asuntos Indígenas, como la Dra. Bernal, la Ayudante Fiscal Fernández, auxiliares de la justicia, representantes de la Secretaría de Pueblos Indígenas, a través de la Dra. Choque, y la abogada de la comunidad Marcela Mon, la violencia no sólo que no cesa, sino que incluso Verzini, ha denunciado penalmente al Cacique Jerez y su hermano, por calumnia e injurias el año pasado.

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No queremos otro Javier Chocobar

La comunidad indígena de Tilquiza y el pueblo Ocloya reclaman sus derechos ancestrales y territoriales que les corresponden reconocidos por la Constitución Nacional y tratado internacionales de Derechos Indígenas. El pueblo Ocloya tiene realizado un relevamiento técnico de su territorio por parte del RE.TE.CI, reconocido por el INAI en el marco de lo contemplado por la Ley 26.160, donde se reconoce la posesión, ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad. En este contexto la comunidad, además, tiene a su favor una medida cautelar de no innovar (Expte. B-246580/10 ordenada por la Cámara civil y comercial – Sala 2 contra el Sr. Verzini, Enrique Daniel), sin embargo el accionar del terrateniente sigue violando la Ley nacional de orden publico 26.160 y la prórroga de la misma Ley 27.400, que declara la ”Emergencia en materia de posesión y propiedad” de los territorios ocupados de manera preexistentes por comunidades indígena del país, no sólo porque ha avanzado sobre tierras que hace el territorio que la comunidad reclama , sino que también ha bloqueado caminos públicos que la misma comunidad hace uso cotidiano, perjudicando la vida de quienes viven ahí.

El pueblo Ocloya se ha declarado en estado de alerta y asamblea permanente y en el día de hoy está realizando una asamblea abierta para definir las medidas a seguir en defensa de sus territorios y contra la criminalización e imputación a sus autoridades indígenas, las cuales tiene también como responsables al accionar del gobierno provincial, la justicia y el estado que accionan a favor de quienes se apropian de sus territorios y contra sus derechos ancestrales.

Este situación no es la única en la provincia, la Comunidad Indígena Cueva del Inca, ha denunciado situaciones similares con una familia terrateniente en Tilcara y ha sido reprimida el año pasado por la policía de Gerardo Morales cuando se manifestaron exigiendo que se respeten sus derechos, o como sucede recientemente con las 33 Comunidades de Salinas Grandes y la cuenca de Guayatayoc quienes vienen realizando protestas contra Gerardo Morales y su gobierno, ya no respeta ni el derecho a la consulta, previa, libre e informada en sus territorios, que sea vinculante, sino que avanza con empresas multinacionales para la extracción del litio, afectando algo tan vital como es el agua para las familias que viven en la zona.

El pueblo Ocloya denuncia, ”no queremos otro Javier Chocobar”, haciendo referencia al comunero diaguita asesinado por defender su territorio, en Chuschagasta, Tucumán un 12 de octubre del 2009, por ex policías vinculados a fuerzas para policiales vinculadas al comando del Malevo Ferreira, que respondían al empresario Amin. Es necesaria la más amplia solidaridad de organizaciones sociales, de DDHH, y políticas contra este nuevo intento de homicidio sobre la vida de un referente comunitario, como también el rechazo a la criminalización de quienes defienden sus derechos ancestrales como los pueblos originarios, quienes como sucede con los trabajadores, mujeres y la juventud, se enfrentan no sólo a empresarios/terratenientes y multinacionales, sino también a los gobiernos de turno y al estado serviles a los negocios de los mismos.



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