Jóvenes en prisión: El fracaso del modelo punitivista

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Un informe recientemente publicado por Unicef denuncia las violaciones a los DDHH que sufren los jóvenes dentro de la cárcel.

El delincuente produce, asimismo, toda la policía y la administración de justicia penal: esbirros, jueces, verdugos, jurados, etc., y, a su vez, todas estas diferentes ramas de industria que representan otras tantas categorías de la división social del trabajo.

Marx- Elogio del crimen

Un informe recientemente publicado por Unicef pone de relieve aquello que desde los trabajadores del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad (CDNNYA) y desde otros ámbitos venimos denunciando. La evidencia del fracaso del modelo puntivista que pretende solucionar con el encierro de cientos de jóvenes un problema que tiene profundas raíces sociales y cuya respuesta no podrá encontrarse tras los muros de las prisiones, sino con el cambio radical de un orden social que produce y reproduce la desigualdad.

El fracaso del orden punitivista

A partir de un extenso relevamiento realizado sobre 22 dispositivos de encierro para jóvenes en conflicto con la ley penal, y de encuestas que rescatan la voz de los y las adolescentes presos, el informe da cuenta de las falencias sustanciales de estos centros cerrados y de la vulneración de derechos que estas instituciones ejercen sobre la psiquis y el cuerpo de los internos.

“De acuerdo a la información relevada, en el total del país, el 30,7% de las y los encuestados señaló haber recibido algún tipo de maltrato en el marco de la privación de libertad. El promedio total engloba situaciones bastante disímiles a nivel regional. En Centro y Cuyo, la situación es bastante más frecuente que en el promedio nacional, en estos casos casi la mitad de las y los jóvenes afirmó haber recibido algún tipo de maltrato. En cambio, en la región Buenos Aires, se observa el porcentaje más bajo (18,6%), siendo además la región donde se registra el mayor porcentaje de quienes “prefieren no responder” a esta pregunta (4,7%).”

En la mayoría de los casos de abusos y maltratos los y las jóvenes carecen de los medios y las garantías adecuadas para realizar la denuncia y bien sabemos que muchas veces el silencio se impone ante el miedo de ser sancionados.

Un sistema de protección silenciado

Asimismo, en el caso específico de los dispositivos de encierro de la Ciudad, hoy bajo la órbita del CDNNYA, las condiciones para realizar alguna denuncia se agravan toda vez que la mayoría de los trabajadores no tienen aún garantizada su continuidad laboral, ya esta depende de una evaluación de “desempeño” a realizar por las autoridades una vez cumplido un año desde su contratación. Esta forma de precarización laboral ejerce un enorme poder de disciplinamiento de la fuerza de trabajo que dificulta la organización y la visibilización de la situaciones que se viven en los lugares de trabajo.

“Es imprescindible que en caso de recepción de una denuncia o ante el conocimiento de una sospecha de violación de la integridad física o psíquica, se dispongan los medios pertinentes para el cese urgente de la violación, se resguarde de manera inmediata la integridad psíquica y física del denunciante y se tomen las medidas administrativas y judiciales correspondientes.”

“Estos mecanismos de supervisión y monitoreo de los centros de privación de libertad de adolescentes tienen que poseer ciertas características particulares: deben ser autónomos, independientes, establecidos por ley, tener un amplio mandato en derechos humanos, amplias facultades de acción, abordaje en perspectiva de género en sentido amplio y contar con un eficiente mecanismo de denuncia. También es necesario que se generen instrumentos de monitoreo cuantitativos y cualitativos, que exista un monitoreo integral de los sistemas penales juveniles y una conexión y articulación entre los sistemas de monitoreo y supervisión y los sistemas de protección integral de derechos de los niños.”

El CDNNYA no puede controlarse a sí mismo

Cuando en 2016 el gobierno de Macri dispuso por decreto el traspaso de los dispositivos de encierro radicados en la Ciudad, en el marco de la progresiva provincialización de la CABA, fueron muchas las voces que advirtieron que no podrían quedar bajo la dirección del CDNNYA dado que esto impediría un ejercicio mínimo de supervisión y monitoreo con algún grado de independencia y autonomía.

“Es clara la ausencia de un mecanismo con las características de independencia adecuadas que se encuentre disponible para que las y los adolescentes puedan denunciar con libertad, y se realicen las investigaciones correspondientes en caso de cualquier tipo de maltrato.”

Un párrafo aparte merecería el balance de la resistencia organizada de los trabajadores, tanto del la SENNAF de la que dependían estos dispositivos, como del CDNNYA que los debía recibir. Las Juntas internas de ATE de ambos organismos, conducidas por el kirchnerismo, no fueron capaces o no tuvieron la voluntad política de desarrollar una lucha decidida y audaz para evitar este traspaso, que incluso implicó la pérdida de derechos adquiridos de sus trabajadores, que, en el caso de la SENNAF debieron concursar como nuevos ingresantes al Consejo, dejando en el camino años de trabajo en Nación.

A esto hay que agregar que el CDNNYA ha designado, bajo el eufemismo de “coordinadores”, como directores de hecho de algunos dispositivos a personal que pertenece al Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia, vulnerando todas las disposiciones y convenciones sobre DDHH que expresamente prohíben que las funciones de dirección de estos establecimientos sean ejercidas por personas que dependen de algún cuerpo de seguridad, penitenciario o policial.

La pobreza juvenil criminalizada

El estado capitalista, garante de la desigualdad, crea un sistema penal selectivo que lleva la marca de la clase social que lo impone. En consecuencia los datos son elocuentes. La mayoría de los jóvenes presos provienen de las clases oprimidas y explotadas.

“Una parte sustancial de este grupo forma parte de sectores sociales estigmatizados, vulnerables y desaventajados, respecto de los cuales algunas intervenciones suelen acumularse, ya sean policiales, institucionalizaciones previas en el sistema de protección o incluso actuaciones previas del sistema penal juvenil.”

Por último del informe se desprende claramente que las medidas de encierro no pueden jamás contribuir a un proceso de resocialización, sino que, muy por el contrario, tienden a reproducir intramuros las condiciones de vulneración de derechos de los y las adolescentes y no les abre más caminos que el de la reincidencia, en la mayoría de los casos.

“Entre los principales problemas identificados se encuentran los siguientes: las dificultades de las y los adolescentes para poder gozar de sus derechos estando privados de libertad, especialmente el derecho a la educación y a la salud (incluidos los tratamientos especiales); el carácter limitado de algunos programas educativos; aspectos críticos referidos a las condiciones materiales de la privación de la libertad; la existencia de irregularidades y abusos en los regímenes disciplinarios; problemas de acceso a la justicia y derecho a la defensa; dificultades para mantener contacto con el mundo exterior; y la existencia de situaciones de violencia contra las y los adolescentes.”

El ajuste que paga la juventud

El ajuste que lleva adelante el gobierno de Cambiemos con la complicidad de los gobernadores y las direcciones sindicales y políticas del peronismo, no puede sino agravar las condiciones que producen y reproducen la miseria planificada de miles de jóvenes.

Criminalizados por su pobreza, estigmatizados, sometidos a los peores tratos, explotados y oprimidos, miles de adolescentes caen en la telaraña del sistema penal. Tomados como sujetos peligrosos por el mismo orden social que determina sus condiciones de existencia, contribuyen, sin proponérselo, a fortalecer al mismo sistema que los condena.

Como decía Marx en ese texto maravilloso, “El crimen descarga al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario, y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población. Por todas estas razones, el delincuente actúa como una de esas “compensaciones” naturales que contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas “útiles” de trabajo.”



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