Jubilados devaluados: de Menem a Macri, cómo llegan a 2019

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El revés que sufrió el gobierno con el fallo de la Corte el 18 de diciembre deja en evidencia tanto el destrato de los gobiernos hacia los jubilados como la fuerza de las batallas en las calles, a un año de diciembre de 2017. De Menem a Macri, el aporte de cada gobierno para empeorar la situación de los jubilados.

A un año de la batalla de diciembre de 2017 en las calles en contra de la reforma previsional, aún resuenan las consecuencias de esa importante manifestación obrera y popular. Si bien el gobierno obtuvo la “victoria pírrica” de haber contado con los votos suficientes en el Congreso para lograr el saqueo a los jubilados gracias a la colaboración de una parte del peronismo, como contraparte, viró sustancialmente el clima político obligando a Cambiemos a retroceder de su “reformismo permanente” en los planos laboral y previsional.

Eco de la fuerza de esas batallas, el pasado 18 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un fallo testigo a favor del jubilado Blanco en relación al índice utilizado por la Anses para el cálculo de los haberes iniciales.

Este fallo trata de una disputa de larga data, producto del desprecio de los distintos gobiernos por negar el 82 % móvil, y que el gobierno de Cambiemos quiso cerrar bajo llave a través de la farsa de la ley de “Reparación Histórica”.

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Pero la Corte, por votación mayoritaria y con el voto en contra del presidente Carlos Rosenkrantz, propinó un duro revés para el gobierno de Macri al resolver la utilización del índice de los salarios de la construcción (ISBIC), y no el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), aunque en ningún caso se hace lugar al reclamo histórico del 82 % móvil.

Desde el gobierno, los distintos funcionarios, como Dante Sica, minimizan los efectos económicos de este fallo. Reconocen de esa manera que van a seguir retrasando la aplicación inmediata del pago de lo que se desprende que deberán cobrar los 150 mil jubilados que aún están en litigio.

Sin embargo, de conjunto y para la mayoría de los 6 millones de jubilados, persisten los principales problemas del sistema previsional, que llevan a que el 70 % perciba haberes por debajo de la Canasta de los Jubilados. Esto no es casualidad ni una desgracia, sistemáticamente, al menos en los últimos 30 años, los gobiernos les han dado la espalda a las y los trabajadores que, luego de toda una vida de trabajo, perciben haberes de miseria.

1. El fallo de la Corte y sus límites

La resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto al caso del jubilado Julio Blanco, iniciado en 2012, a favor del índice ISBIC y no el Ripte para la actualización de los salarios implicados en el cálculo del haber implica una mejora en el monto de la jubilación inicial.

Aun así, está lejos del 82 % que reclaman muchas organizaciones de jubilados. Según reconoció el abogado de Blanco, con el índice ahora reconocido por la Corte pasaría a cobrar solo el 59 % de su salario como trabajador activo, aunque con el mecanismo defendido por el gobierno le tocaba solo el 46 %.

Fuentes del tribunal habían indicado que en la corte hay 7 mil casos similares al de Blanco, aunque la cantidad de demandas pendientes ronda los 150 mil. El origen del conflicto se remonta a hace un año atrás, cuando la Anses comenzó a presentar recursos para que los magistrados ya no ordenen recalcular los haberes usando Isbic, sino el Ripte.

Fueron al menos 66 mil sentencias aprobadas de las cámaras de la Seguridad Social en 2018, en su amplia mayoría en favor de los jubilados, que habían sido apeladas por la ANSeS en primera instancia.

La variación del RIPTE, entre 1995 a febrero de 2009 (los años en que no hay definido claramente índice de actualización, para los jubilados antes de que en 2016 la ley de “Reparación Histórica” fije el Ripte), se incrementó 178 %, mientras que el ISBIC (Índice de Salarios Básicos para la Industria de la Construcción) fue del 435 %. La brecha entre ambos índices indica la magnitud del ajuste que planea hacer el gobierno con el cambio de índice.

Por otra parte, el fallo de la Corte indica que sólo rige para el caso del jubilado Blanco y que deberá ser el Congreso quién establezca cuál es el índice definitivo a aplicar para el resto de los casos. Sólo hasta que eso suceda, seguirá utilizándose el que dispone el fallo, aunque la Justicia viene aplicando el Isbic en los juicios desde hace casi diez años.

Asimismo, para quienes debieron aceptar la estafa de la Reparación Histórica frente a la perspectiva de no tener otra solución ante el paso del tiempo y otras necesidades acuciantes, no se les permite vover a litigar contra la Anses.

Por último, mientras la Corte quiere mejorar su imagen pública mostrándose “razonable” frente a los jubilados, sigue haciendo la vista gorda ante la inconstitucionalidad de la nueva movilidad jubilatoria impuesta a fuerza de represión en diciembre pasado y que significó un verdadero saqueo al bolsillo de los jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares.

2. Menem, Cavallo y las AFJP

Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, se instauró el sistema de capitalización en el año 1993 bajo la ley 24.241 de creación del SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) que comenzó a regir en 1994. Allí se implementó un sistema “mixto” en el que se dio vía libre al lucro de las aseguradoras privadas con los aportes de los trabajadores, mientras se desfinanciaba el sistema de reparto.

Pero también, con el impulso del economista liberal estrella, Domingo Cavallo, se benefició a las patronales que operan en el país con una formidable rebaja de las contribuciones patronales, que nunca se cuestionaron ni restituyeron en los gobiernos siguientes al 33 % que regía anteriormente.

El objetivo de dicha rebaja era, supuestamente, impulsar el empleo bajo el argumento de que una reducción de la presión fiscal y el “costo laboral” sería tomada positivamente por las empresas para incrementar la demanda de trabajadores. Pero ni esta teoría se demuestra en los papeles ni tampoco se verificó en la realidad, llegando hacia fines de los ´2000 a los niveles de desocupación más elevados de la historia del país.

Así, para “compensar” el desfinanciamiento de la Caja de los jubilados, la rebaja de las contribuciones se reemplazó financieramente con una porción de impuestos destinados específicamente a pagar las jubilaciones, en particular con impuestos al consumo, que son los que recaen principalmente en los trabajadores y sectores de menores ingresos. De esta forma, se “liberó” en gran medida la carga de las contribuciones a las empresas para hacerle pagar el costo a dichos sectores.

Asimismo, el régimen de Convertibilidad implicaba la imposibilidad de indexar salarios y por ende jubilaciones. Pero una vez caído el régimen en 2002, y frente a la escalada de precios operada luego de la devaluación de Duhalde, los sucesivos gobiernos no previeron ningún mecanismo para actualizar los salarios utilizados en el cálculo del haber inicial hadta el 2009, significando una profunda reducción de la relación entre las jubilaciones y los salarios en actividad de los trabajadores.

Al mismo tiempo, el régimen de capitalización significó una rebaja sustancial de los haberes, al tiempo que los problemas del mercado laboral con el aumento de la desocupación, el trabajo “en negro” y el no reconocimiento del trabajo reproductivo no remunerado, que hacen en su mayoría las mujeres, comenzó a dejar excluída a una amplia cantidad de sectores de trabajadores del derecho de acceder a una jubilación.

3. Los Kirchner, las moratorias y la negación al 82 % móvil

Durante los gobiernos kirchneristas la ANSES abrió moratorias previsionales que permitieron la incorporación de 3 millones de personas que no contaban con aportes suficientes, que pudieron acceder a la mínima (que hoy cobra más de la mitad de los pasivos). Pero al mismo tiempo, se contrapuso la universalización con el aumento de haberes, afirmando que para hacer lo primero no era posible cumplir con el reclamo histórico de que los haberes percibidos alcancen el 82 % móvil del salario medio.

Esto sólo era así si se tomaba como verdad inamovible –como hacía el kirchnerismo– que el sistema previsional no podía elevar sus recursos, recuperando los niveles de aportes patronales que tenía a comienzos de los años ’90. De esta forma, se creó vuna división entre jubilados “de primera” y “de segunda”, y se condenó a la mayoría a recibir haberes muy por debajo de la canasta de los jubilados.

Uno de los mayores sectores que ingresó en las moratorias fueron las mujeres, que en su mayoría incluso percibieron menos que la jubilación mínima porque debieron pagar en cuotas la moratoria. Otra discriminación, cuando son las mujeres las que más padecen el empleo no registrado, por ende la falta de aportes, el no reconocimiento del trabajo doméstico y las tareas de cuidado, así como la mayor vulnerabilidad en el ámbito laboral.

Con la movilidad jubilatoria que se sancionó en 2008 las jubilaciones tuvieron un mecanismo de ajuste que evitó una mayor pérdida de poder adquisitivo, o que tuviera algunos años un módico aumento, pero no mejoró sustancialmente la situación del jubilado.

Así también, cuando las AFJP comenzaron a ver que debían empezar a pagar jubilaciones, se demostró la bancarrota y el fraude que significó el sistema de capitalización. Ante ello, se estatizaron las AFJP creándose el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero las empresas aseguradoras no se hicieron cargo de los altos costos sociales que implicó el lucro con el que estafaron durante más de 10 años.

Hacia fines de 2015 la mayoría de los jubilados y pensionados se encontraba percibiendo la mínima, muy lejos del 82 % móvil y de la posibilidad de alcanzar el valor de la canasta de bienes y servicios básicos del jubilado.

4. Macri y el saqueo histórico

El gobierno de Macri directamente eliminó las moratorias y creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Esta pensión, que acabará percibiendo la mayoría de las y los trabajadores en la vejez debido a que cada vez más personas no alcanzan el requisito de 30 años de aportes para obtener una jubilación ordinaria, consiste en un ingreso aún más bajo que la jubilación mínima (80 %) y de hecho eleva la edad jubilatoria de las mujeres hasta los 65 años.

Al mismo tiempo, con la “Reparación Histórica” se propuso bajar el costo de las jubilaciones que debían ser recalculadas, al establecer el índice Ripte para la actualización de los salarios que se usan como base de cálculo en lugar del ISBIC. En la práctica, muchos jubilados decidieron acogerse a la Reparación aunque el aumento de la jubilación sea muy pequeño, ante la incertidumbre de no poder obtener un juicio favorable antes del fallecimiento, frente a la lentitud de la justicia. Posteriormente, la reforma previsional de 2017 terminará estableciendo también el índice Ripte para la actualización de los salarios desde 2016 en adelante.

En diciembre de 2017, el gobierno de Macri dio su mayor estocada a los jubilados con la llamada “Reforma Previsional”. Esta implicó un recorte a las jubilaciones y pensiones mediante una nueva fórmula de movilidad previsional y también permitió dar pasos en la extensión de la edad jubilatoria habilitando el tiempo de trabajo “legal” hasta los 70 años. Su único objetivo, explícito y consensuado con los gobernadores mediante el llamado “Pacto Fiscal” de 2017, fue reducir las jubilaciones.

Al mismo tiempo, se condonaron deudas e impuestos a los evasores y a las grandes empresas y se disminuyeron las contribuciones que pagan las patronales, desfinanciando a la ANSES y la recaudación fiscal.

Entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017, mientras regía la movilidad previsional anterior, las jubilaciones se retrajeron 8 %. Con la reforma posterior de diciembre de 2017 el ataque a las jubilaciones se continuó y se incrementó en 2018, agregando otros 16 puntos más de saqueo.

De conjunto, según las estimaciones de La Izquierda Diario, en estos tres años de gobierno macrista el conjunto de jubilados y todos los beneficiarios de asignaciones familiares, AUH, pensiones y otras prestaciones del SIPA atadas a la movilidad, perdieron 23,7 % entre noviembre de 2015 y mismo mes de 2018.

Quienes cobran la mínima, más de la mitad de jubilados y pensionados, perdieron en total unos $ 41.989 de poder adquisitivo frente a la inflación desde que asumió Macri, a valores actuales. Esto es el equivalente a 5 jubilaciones mínimas del mes de noviembre del corriente año.

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Pero también hay reformas menos perceptibles o publicitadas, como el avance en la venta gradual de los activos del FGS, que fue acordado con el FMI para obtener el crédito stand by, y que se logró gracias a los votos peronistas que lo aprobaron en el Presupuesto 2019.

5. La era FMI: todos apuntan a aplicar una reforma regresiva

El próximo paso que busca alcanzar tanto el gobierno como las distintas variantes patronales es el aumento en la edad jubilatoria, a través de una reforma del sistema jubilatorio más restrictiva que culmine el camino trazado en la “reforma previsional” de diciembre. A su vez, buscan reintroducir la privatización del sistema o una parte del mismo.

El gobierno plantea que la reforma es necesaria porque el sistema es “insustentable”. Este no es más que un resultado “autocumplido”, pero no por la vía del “gasto”, sino por el recorte de recursos, producto del desfinanciamiento permanente de la Anses, la reducción de contribuciones y pérdida de recursos tributarios, así como la venta de los activos del FGS para pagar intereses de deuda a los especuladores y no para su uso como un verdadero fondo de reserva de las pensiones.

En todo el mundo, en base a prescripciones de la OCDE, el Banco Mundial y el FMI, los Estados vienen impulsado reformas regresivas en los sistemas jubilatorios. Aducen problemas de financiamiento, adjudicados al incremento de la esperanza de vida, y también a la precariedad que afecta cada vez más a los trabajadores y reduce la proporción de aportantes entre las personas en edad activa.

Las recetan apuntan a un aumento de la edad de jubilación y en la reducción de las jubilaciones. En el mismo momento que todos los medios hablan del “fin del trabajo”, buscan imponer que haya que pasar más tiempo de la vida dedicado al servicio de la valorización del capital.

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6. Unidad de las y los trabajadores y jubilados para conquistar el 82 % móvil y que ninguno cobre por debajo de la Canasta de Jubilados. Por una ANSES dirigida por jubilados y trabajadores

Hoy la mitad de las jubilaciones está en la mínima ($ 9.308), que apenas cubre un tercio de sus necesidades y tres cuartas partes de los titulares de jubilaciones y pensiones tienen ingresos totales (sumando jubilaciones y/o pensiones) por debajo de la canasta básica del jubilado (calculada por Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires).

Llegar a 30 años de aportes hoy en día es una odisea. Sólo el 20 % de los que se jubilan actualmente lo puede hacer. Los trabajadores deben soportar la carga de las crisis con la desocupación y los despidos, así como trabajar en condiciones de precariedad, informalidad, relaciones de dependencia encubiertas, sumas no remunerativas acordadas con la burocracia sindical, entre otras cosas.

No es un problema individual ni una responsabilidad del trabajador no haber podido acreditar los 30 años, como pretenden imponer las ideologías de la “meritocracia”, sino todo lo contrario, es la forma en que las patronales hacen sus ganancias.

La mayoría de los trabajadores y trabajadoras que se jubilan “caen” inmediatamente en la pobreza, mientras un puñado de jueces, obispos y funcionarios perciben jubilaciones de privilegio, superando los $ 200.000 mensuales. En el mejor de los casos, para aquellos asalariados “en blanco” que alcanzan a jubilarse, la relación promedio entre la jubilación y su último salario es menor al 60 %, muy lejos del 82 % móvil.

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El conjunto del pueblo trabajador tiene la urgente tarea de pelear para rechazar todo intento de aplicar un aumento de la edad jubilatoria y una reforma previsional aún más regresiva. Pero también, luchar desde los puestos de trabajo y en las calles para que no haya una sola jubilada o jubilado que perciba menos de un haber mínimo equivalente a la Canasta de los Jubilados (hoy en $ 26.043 de acuerdo a la Defensoría de la Tercera Edad).

Por jubilaciones que cubran como mínimo el monto de la canasta básica del jubilado. Por un verdadero 82% móvil, ligado al sueldo del activo. Aumentando las contribuciones patronales y eliminando las desgravaciones a los empresarios. Que la ANSES esté bajo la administración directa de jubilados y trabajadores.



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