La complicidad policial con la violencia hacia las mujeres

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La comisaría de la seccional Nº 32 le negó tomarle las denuncias correspondientes a una mujer que fue amenazada por meses y agredida por el propietario de su alquiler. El conflicto terminó con el uso de un arma de fuego, destrozos y una fractura de cráneo de la víctima.

No se trata de un caso de violencia perpetrado contra una mujer por el mero hecho de serlo. En este caso, Alejandra Fabiola Cardozo sufrió un ataque por tratarse de una de las tantas mujeres en la provincia que no llega a cubrir el alquiler de una casa por no poseer la propia, y por adeudarle a uno de los tantos hombres que se sienten con el poder y la impunidad suficientes para hostigar a una mujer sola.

Según la Federación de Inquilinos Nacional, entre el 1 y el 31 de enero de este año, las personas que alquilan en Jujuy gastaron el 42,3% de sus ingresos para alquilar una vivienda. Aun así, el gobierno con la complicidad del PJ aprobó un presupuesto para el 2019 en el que los pagos de servicios de deuda superarán en más de 20 veces a los fondos de vivienda y urbanismo.

No es violencia hacia las mujeres en general, es violencia hacia las mujeres pobres, y no la comete solo el cuentapropista en cuestión, Mario Alejandro Loma, sino también el Estado que mira hacia otro lado, y sus instituciones.

Cristian Román Cruz, hermano de Alejandra, relata que el lunes 12 por la noche comenzaron a tirar piedras a las ventanas del inmueble donde se encontraba ella y su hijo, por lo que fueron a socorrerla con su hermano Martín. Entre golpes y amenazas, lograron ingresar a acompañar a su hermana.

“Los minutos que pasamos dentro de la propiedad fueron un verdadero calvario (…), aquellos lograron ingresar (…) y destrozaron no pocos bienes materiales que posee en su hogar Alejandra. Mientras conteníamos una de las puertas que da al pasillo dentro del interior de la casa Loma efectuó un disparo sobre la puerta, que en ese momento contenía y forzaba mi hermano para que éstos no entraran mientras resistíamos.”, relata.

Luego llamaron al 911 y a la Comisaría “Seccional 32” del Barrio Islas Malvinas. Éstos llegaron, pero la violencia no terminó ahí, sino que esta institución represiva detuvo también a los familiares agredidos de Alejandra por 48 horas como si se tratase de delincuentes y se encargó de mantener la impunidad de los agresores con antecedentes violentos:

“…los médicos precisaron que mi hermana posee fractura de cráneo y golpes diversos en el cuerpo arrojados por Loma –agrega Cristian-. No es la primera vez que Alejandra sufre estos atropellos por parte de la familia Loma. (…) Desde mediados de septiembre, el dueño de la propiedad, Federico Loma, comenzó a hostigar y amenazar junto a uno de sus hijos, Cristian Loma, a que iban a matar a mi hermana, mi sobrino y sobrina además de violarla (…).

“Dentro de la misma Comisaría, los encargados de tomarle las denuncias pertinentes a mi hermana no le permitieron que las efectuara, dándole lugar a los Loma, en privilegio de todo.

“Resulta inadmisible que la Justicia Jujeña aun tenga en libertad a estos sujetos provocando oprobio y terror a las personas de mi vínculo familiar. Aquellas personas por todas las acciones que cometieron no son más que potenciales femicidas, homicidas y violadores que disfrutan la impunidad que le otorgan la Justicia jujeña y las instituciones a su cargo.”



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