La cuenta regresiva: claves económicas de la economía que viene

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El FMI ¿ya fue? ¿Se pone de moda el default a los buitres? El salario, el pato de la boda. Las encrucijadas económicas de Alberto Fernández a diez días de la asunción.

El reloj corre y el 10 de diciembre se acerca. El futuro presidente continúa con las mismas ambigüedades sobre la política económica con la que transitó la campaña. No obstante, algunas insinuaciones abren un panorama sobre las medidas económicas que podría tomar. Aquí repasamos las centrales.

FMI y deuda

La primera definición importante de Alberto Fernández (aunque estaba previsto en lo que dijo en campaña) sobre la futura política económica fue realizada durante la semana en una entrevista en Radio con Vos. Allí explicó que no le pedirá más dinero al FMI.

¿Esto significa que rompería relaciones o dejaría de pagar lo adeudado? De ningún modo. Significa que evitaría firmar nuevos acuerdos con metas de déficit fiscal, reformas estructurales y monitoreo desde Washington.

No obstante, honrará el mayor préstamo de la historia otorgado por el organismo, a pesar de que Hernán Lacunza reconoció que la mayor parte del préstamo se destinó a pagar deuda previa, es decir que se dilapidó en el festival especulativo del que usufructuaron los lobos de Wall Street, fondos buitre y bancos internacionales. Ni un centavo de la deuda tomada fue a una escuela o un hospital. Es una deuda que financió el saqueo del pueblo trabajador.

El año próximo los vencimientos de deuda con el FMI son mínimos. El mayor volumen de pagos comenzará a vencer desde 2022 en adelante. Es una ventaja con la que juega la próxima gestión gubernamental.

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Además del peso muerto de la deuda con el FMI, existe deuda con acreedores privados (los lobos de Wall Street, los fondos buitre y bancos internacionales). Esta deuda tiene vencimientos importantes en los primeros meses del Gobierno que inicia el 10 de diciembre (y, claro, en toda la próxima gestión). Se estima que las reservas del Banco Central apenas alcanzan para cubrir los pagos hasta abril.

Esta situación aventuró a que muchos economistas cercanos (y también lejanos) al presidente electo afirmaran que se iba a una negociación rápida para evitar caer rápidamente en un default completo (el país está en default selectivo desde el “reperfilamiento” anunciado por Mauricio Macri). Una negociación exprés implica aceptar las condiciones de los acreedores, sin quita o con quita mínima, patear algunos pagos hacia adelante, pero sostener una pesada carga de vencimientos.

En los últimos días comenzó a circular la idea de que esta versión de negociación “light” no sería suficiente para los graves problemas de deuda del país. Entre otros, fue Carlos Melconian, de perfil ortodoxo liberal, quien advirtió que sería necesaria una quita más importante de la que se preveía originalmente para efectivamente poder pagar la deuda los próximos años. Una negociación más dura requiere más tiempo y más tiempo quiere decir que el default está a la vuelta de la esquina.

A medida que se hace el “zoom” sobre la fecha de asunción, los problemas económicos se ven en toda su dimensión. Nada es tan sencillo. La deuda es la “madre de todas las batallas” que determinará el futuro económico. Se trata de una eterna estafa sobre las mayorías trabajadoras.

Salarios y empleo

El poder de compra del salario del empleo formal del sector privado retrocedió 20 % en la era Macri. Todavía falta contar el efecto de la inflación de noviembre y diciembre. La pérdida es mayor en el empleo público y en el informal.

El equipo económico que acompaña desde hace tiempo a Alberto Fernández (que no necesariamente será el mismo que asuma la conducción económica en la gestión) estaría preparando un aumento generalizado de ingresos para asalariados, jubilados y beneficiarios de asignaciones. Probablemente se busque que el impacto sea mayor en los niveles más bajos de ingresos. El objetivo: evitar que el malestar social que se expresó en la votación contra Macri se traslade a protestas.

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En ningún caso la suba de ingresos reintegraría de manera plena a la clase trabajadora lo que perdió en los últimos cuatro años. Lo que los capitalistas sacaron de ventaja quedará guardado en sus bolsillos. Es la audacia del capitalismo: en la medida que no imponga una salida donde la crisis la paguen los dueños de todo, en cada crisis los trabajadores salen peor parados.

El aumento inicial tendrá un costo adicional para la clase trabajadora. Es la zanahoria para un acuerdo de precios y salarios, que pretende congelar por seis meses esas variables. Se trata de un cepo al salario mientras los últimos meses el sector empresarial se aburrió de remarcar precios.

El segundo trimestre del año (abril-junio) exhibe una pérdida mayor a los cien mil puestos de trabajo formal privado en relación a 2015. Una gran parte de la pérdida de empleo se explica por el retroceso industrial: lleva 17 meses de caída desde mayo de 2018.

En el conjunto del empleo (privado, público, no registrado) la tasa de desocupación trepó a 10,6 % en el segundo trimestre. Se trata de casi 1,5 millones de desocupados en los aglomerados relevados por el Indec. Son más, si se extiende la situación a las áreas no relevadas.

Hasta el momento Fernández ni siquiera insinuó un plan para recuperar el empleo. Sólo habló de “poner la economía en marcha”, con eje en la producción y limitar la especulación. Una declaración de buenas intenciones que encontrará límites en los propios desequilibrios económicos que deberá abordar.

Inflación y tarifas

Cuando termine diciembre los precios registrarán una suba de entre el 55 % y el 60 %. Se trata del nivel más alto desde 1991. La propuesta del futuro gobierno es enfriar la inflación: pretende bajarla a un nivel entre 35 % y 40 % hacia 2020.

La pieza central del ajedrez inflacionario es el acuerdo de precios y salarios. Pero, en simultáneo, en el equipo de Fernández analizan el uso de la “maquinita” de emisión de pesos del Banco Central para financiar gasto público. Es un arma delicada en la situación actual con fuerte presión inflacionaria, que incluso podría minar el congelamiento de precios que busca con el pacto social.

Otra incógnita sobrevuela sobre las tarifas. Insistir con los tarifazos sería echar nafta en el fuego inflacionario. El futuro oficialismo coquetea con desdolarizar tarifas, lo cual buscaría compensar con subsidios a las empresas. En este rompecabezas se podría explicar la prescindencia del FMI, cuyas recetas son opuestas a los subsidios.

No obstante, la desdolarización de las tarifas (aunque exista una compensación con subsidios a la ganancia empresaria) crea incertidumbre a las empresas. Fundamentalmente, aquellas que explotan, fracking mediante, Vaca Muerta, justamente la “gran empresa” que el albertismo pretende poner a funcionar a toda marcha para obtener los dólares para honrar la deuda.

Crecimiento económico

El año que está por terminar es el segundo de caída económica. Para el año próximo hasta los pronósticos más optimistas indican una retracción de la producción cercana al 2 %. Antes de “poner la economía en marcha”, como prometió en campaña, Fernández tendrá que resolver una gran cantidad de acertijos.

Un acertijo muy importante es qué pasará con el superávit comercial: entre enero y octubre de este año se logró un saldo positivo de casi U$S 12.000 millones en el comercio exterior. Esos dólares son el insumo más importante para abordar los pagos de la deuda. Las exportaciones aumentaron 5,4 % interanual en el acumulado hasta octubre, pero la balanza favorable se explica principalmente por la caída de las importaciones, que fue mayor a 25 % ¿Por qué caen las importaciones? Por la profunda recesión y la retracción del consumo.

Cualquier perspectiva de recuperación económica tensionará nuevamente el frente externo por el aumento de importaciones. Y limitará los dólares para un acuerdo con los acreedores externos que usufructúan con la deuda.

En todas las aristas de las decisiones futuras se exhibe la incompatibilidad entre mejorar las condiciones de vida y atender a los buitres de la deuda y el gran empresariado.

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