La deuda pública de Jujuy se cuadriplica y es lo único que no se recorta

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Proyectan un crecimiento exponencial de la deuda pública en un año, mientras las partidas de gasto social se recortan por inflación. Los negocios del Gobernador le salen caros al pueblo de Jujuy, al cual, le exigen mayores sacrificios para cumplir con el “déficit cero” del FMI.

El presupuesto 2019 para la provincia de Jujuy que ingreso ayer en la legislatura viene con un recorte general debido a la inflación esperada para el año próximo que no baja de 34,8 % según los pronósticos oficiales. Esto ocurre puesto que el total del gasto del Estado provincial ascendería a $ 57.674.216.046 en 2019, un incremento del 30 %, respecto del presupuesto de este año ($ 44.395.011.645).

Como analizamos en este medio el presupuesto trae fuertes recortes en Educación, Salud, Asistencia Social, Obras de vivienda y construcción de nuevas escuelas, entre otras partidas, que van a impactar de lleno en las condiciones de vida del pueblo trabajador.

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Si en solo un año la pobreza en Jujuy creció en 50.000 nuevas personas y en 20.000 nuevos indigentes, un presupuesto de ajuste y una economía en recesión que sigue destruyendo empleo, solo va a recrudecer el hambre en los barrios.

Recordemos además que el ajuste en el gasto público es el resultado del acuerdo firmado con el FMI por el gobierno nacional y los gobernadores (UCR-PJ; que además contó con el voto del PJ en el Congreso y en el Senado nacional. Alcanzar el “déficit cero” implica pasar la podadora por el gasto social y así transferir más de 600.000 millones de pesos a los especuladores de la deuda. O sea, más de 10 veces el gasto público del año 2019 en toda la provincia de Jujuy.

La deuda se va por las nubes

La contracara del ajuste es el crecimiento acelerado de la deuda pública que pasaría de $ 488.850.524 el año pasado a $ 2.090.660.403 en 2019, un crecimiento de 4,3 veces, ni más ni menos. La deuda pasa a equivaler al 34 % de los ingresos corrientes que genera la provincia, algo insostenible en el tiempo.

Si además consideramos que el financiamiento del gasto provincial con fondos de la nación representan el 87 %, el endeudamiento acelerado, no hace más que profundizar la fragilidad de las finanzas públicas de un Estado provincial que incluso el año pasado firmó un acuerdo para reducir los ingresos brutos de los grandes empresarios, apostando así, a un mayor desfinanciamiento.

¿Por qué ocurre este megaendeudamiento? Es algo que tienen que aclarar los funcionarios de gobierno, partiendo que no se aclara en la documentación presentada a los diputados provinciales cuál es el estado de la deuda emitida en dólares para el negocio de la energía solar que tuvo el voto positivo del bloque de diputados del PJ.

En una primera lectura (planilla 07A) se encuentra que la mayor parte de la deuda es con el Estado nacional y sus organismos, el Banco Macro, además de deuda con organismos internacionales ($ 26.340.363), intereses por el GIRSU ($ 23.282.781) –un proyecto que se anunció desde hace tres años y nunca comenzó-; las cámaras de seguridad con la empresa china ZTE ($ 17.200.143), entre otros.

Los explotadores de peones, mujeres y niños en el tabaco van a recibir $ 3.200 millones, casi tres veces más de lo que se destina a la asistencia social

Más para los dueños de la provincia

Para continuar con los beneficios millonarios a los dueños del tabaco y a los que

explotan trabajo infantil y adolescente el Estado les garantiza el año próximo $ 3.202.042.663 en concepto de Fondo Especial del Tabaco. Esta suma equivale a casi tres veces el presupuesto para Asistencia Social. Pensar que el gobernador, Gerardo Morales, dice que se preocupa por los pobres, sin embargo, para ellos vuelve a haber solo las migajas que se caen de la mesa de los dueños de la provincia.

Otra observación del presupuesto es la continuidad de los negocios inmobiliarios en los cuales participan los funcionarios junto con los empresarios, en concepto de venta de tierras y terrenos, se involucran $ 893.465.813 que corresponden mayoritariamente al negociado con en la zona de los diques ($ 592 millones) y en el barrio Alto Padilla ($ 270 millones).

Dar vuelta esta situación fiscal a favor de los intereses de las mayorías trabajadoras y populares implica la incorporación de impuestos progresivos a las grandes fortunas de los empresarios y terratenientes (azucareros, mineras, tabacaleros); como también dejar de pagar la deuda pública que ahoga a todo el país con un gobierno que entregó su economía y soberanía a manos del Fondo Monetario Internacional.

Es necesario que los gremios privados y estatales, los centros de estudiantes convoquen asambleas y voten un plan de lucha para rechazar este presupuesto de miseria y enfrentar el ajuste defendiendo las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo pobre.



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