La letra chica del acuerdo con el FMI: un ajuste brutal

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En otro respaldo al gobierno, la difusión del documento “técnico” ratifica las medidas de ajuste fiscal, de congelamiento del gasto y de ataque feroz a los salarios. El guiño hacia Macri para frenar la rebaja de retenciones a la soja.

Se trata del informe que el “staff” del Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó al directorio del organismo el 12 de junio pasado para que este cuerpo decida la aprobación final del crédito, luego de que concluyeran las negociaciones entre el gobierno argentino y el Fondo, y también posteriormente al comunicado que aceptaba otorgar el crédito stand by por U$S 50.000 millones el 7 de junio.

La salida a luz de este documento, en momentos en que el gobierno no termina de convencer a los “mercados” de que podrá aplicar el ajuste, no es casual. Entre otros aspectos ratifica el rumbo del plan sobre la base de atacar el salario y el gasto público.

Así por ejemplo, avala los despidos de trabajadores estatales y el freno a nuevas contrataciones, junto con un congelamiento de los salarios del sector público limitando las paritarias a un 8 % hasta junio de 2019.

También, en forma novedosa propone la venta de tierras fiscales y explicita la propuesta de liquidar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar las jubilaciones, con el plan de reformar (aún más) regresivamente el sistema jubilatorio.

Asimismo, terceriza la necesidad del gobierno de pedir a los empresarios sojeros que “hagan patria” y acepten poner un freno momentáneo a la rebaja de retenciones, aunque a un nivel de 25,5 %, todavía más bajo que el actual (hoy en 26,5 %). No obstante, el gobierno sigue manifestando que no eliminará ese beneficio a las patronales, al igual que la implementación de la reforma tributaria que baja impuestos a los empresarios.

De igual forma, otro elemento de tensión con los empresarios es la propuesta de suspender momentáneamente la reducción de impuestos a las patronales que se incorporaron con la Reforma Tributaria de diciembre

Los puntos salientes del informe del FMI:

  • Ratifican la meta de bajar el déficit fiscal primaria a 2,7 % del PBI en 2018 y 1,3 % del PBI en 2019.
  • Racionalizar el gasto público en bienes y servicios, con una baja del 15% en términos reales y continuando en 2019.
  • Recortar el gasto en salarios en el Estado mediante un recorte de “empleados no prioritarios” en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades.
  • Limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
  • Reducir aún más los “subsidios ineficientes a la energía y el transporte”, es decir, tarifazos aún más profundos.
  • Recortar las transferencias a empresas del estado un 15 % en 2019, y realizar “esfuerzos para fortalecer su posición financiera”.
  • Ubicar la tasa promedio de impuestos a la exportación de productos de soja en 25,5%
  • Demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias)
  • Reducir las transferencias a las provincias un 1,2 % del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
  • Recortar un 0,6 % del PBI el gasto en capital, a la espera de que los proyectos en la modalidad PPP (participación público privado) permita mantener el nivel de actividad en la obra pública.
  • Vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones.

    Estos son los puntos centrales de un plan de conjunto para aplicar un cuarto saqueo sobre el pueblo trabajador, es decir, un fuerte deterioro del salario, el empleo y las condiciones de vida, en un país donde ya hoy un tercio de la población está sumida en la pobreza.

    El arco opositor patronal como el peronismo ya está negociando las condiciones del ajuste que se plasmarán en el Presupuesto del año 2019. Ese sector ya aceptó este acuerdo con el Fondo, así como todas las medidas de recorte que el gobierno viene aplicando, como también lo hacen los gobernadores.

    A pesar de que las conducciones sindicales buscaron “descomprimir” la bronca y el descontento, el gran paro nacional del pasado 26 de junio, con un acatamiento prácticamente total, demostró que los trabajadores tienen fuerzas suficientes para enfrentar el plan de ajuste.



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