La oposición de derecha aún no es Gobierno y ya busca privatizar el petróleo venezolano

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Pasó por alto y en medio del escándalo de corrupción develado por Panam Post sobre el grupo de Guaidó en Colombia, la mayoría de los medios no tomaron nota. Pero en la Comisión de energía y petróleo de la Asamblea Nacional se cocina un proyecto de una ley de hidrocarburos que apunta a la privatización del petróleo venezolano.

Más allá de que dicha ley pueda tener algún tipo de curso tomando en cuenta que la ofensiva golpista de la oposición de derecha encabezada por Guaidó se ha mostrado un fracaso, y el bloqueo que en los hechos tiene cualquier iniciativa legislativa de la AN –considera en “desacato” por el Gobierno (a través del TSJ) , quien legisla paralelamente mediante la ANC–, el hecho pone al desnudo todo el plan abiertamente neoliberal y entreguista de Guaidó, tal como hemos venido denunciando desde La Izquierda Diario.

No se trata de que el gobierno de Maduro, en medio de la catástrofe económica, no venga tomando un curso de una agenda aperturista en el área de hidrocarburos y otros sectores de la economía, tal como ha quedado expuesto en la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, las nuevas asociaciones con transnacionales y acuerdos con países como Rusia, China, incluso empresas estadounidenses, entre otros, además del sector de la minería como en el caso del Arco Minero del Orinoco.

Ni silencioso ni perezoso Maduro anuncia los “buenos negocios” que se pueden hacer en Venezuela, que dicho sea de paso, reglamenta nuevas leyes laborales tal como se explicita en el Memorando 2792 del Ministerio del Trabajo y poniendo a disposición una de las manos de obra más baratas del mundo con salario mínimo que no llega a los 6 dólares mensuales y bajando.

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Pero la oposición de derecha, desde la Asamblea Nacional que controla en su totalidad porque el chavismo en minoría decidió abandonar la misma, se viene abocando a la elaboración de leyes y proyectos, que sin ser gobierno aún, muestran su verdadero rostro, tal como lo ha venido haciendo con el pago de deuda externa aprovechándose del control de Citgo que le ha permitido Estados Unidos. Dicho sea de paso, un manejo oscuro de dinero que pertenece al Estado venezolano. Buscan revertir el actual marco jurídico (que el mismo gobierno de Maduro ya ha venido alterando), donde las compañías privadas mantienen asociaciones con el Estado venezolano, siempre en condición minoritaria, pasando a crear una llamada “agencia venezolana de hidrocarburos”.

De esta manera, los diputados de la Comisión de energía y petróleo de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición de derecha, presentaron el pasado miércoles 12/06 un borrador de una nueva ley de hidrocarburos que contempla la participación de empresas de exclusivo capital privado en la explotación de crudo, una actividad hasta ahora reservada al Estado, quien a través de su empresa (PDVSA) se asocia al capital privado transnacional, con mayoría accionaria de PDVSA, que es precisamente el esquema que ya de a poco viene desmontando el propio Maduro.

Presentan un proyecto de ley que permite a privados explotar petróleo sin ninguna participación del Estado. Esta propuesta, sin fecha aún para ser discutida en la plenaria de la Asamblea Nacional, plantea “en primer lugar la revisión” del artículo de la ley vigente “que impide que las actividades primarias (de explotación) sean desarrolladas por el sector privado”, de acuerdo a Luis Stefanelli actualmente diputado por Voluntad Popular, partido de Leopoldo López y Juan Guaidó, aunque se eligió siendo parte del partido Un Nuevo Tiempo.

Sin ningún empacho este diputado sostiene que “Estamos en la búsqueda de inversión del sector privado puesto que Venezuela no va a contar con recursos oficiales para reactivar su industria, depende básicamente de la inversión nacional e internacional del sector privado”. Remarcando al mismo tiempo que “un nuevo marco legal” (privatización) permitiría hacer del petróleo, nuevamente, “la palanca de desarrollo para el futuro de todos los venezolanos”. Augura además que la “herramienta” jurídica será “la ley más importante” en el país después de la Constitución.

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Venezuela obtiene el 96 % de sus ingresos de la industria petrolera, como es de público conocimiento. Pues bien, la oposición de derecha busca que todos estos ingresos pasen directamente a manos privadas y transnacionales, avanzando en todo un plan privatizador, donde el Estado solamente pase a ser un recaudador de impuestos y cobro de regalía.

Se trata de una burguesía cipaya, como se ha visto a lo largo de décadas que, en lo que dice respecto a aportes a la “inversión productiva nacional” ha sido marginal, parásitos que siempre vivieron del Estado. Luego de que en años anteriores, capaz aupado por el boom petrolero de mediados de los 70’s, la “nacionalización petrolera” en el 74, etc.-, los números estadísticos mostraban una supuesta inversión, se observa un total desplome de “invertir” en los últimos 40 años, una total desinversión o inversión marginal por parte de la clase capitalista nacional. Un proceso que se profundizó con los años de Chávez en el gobierno (en los que hubo un ingreso de renta petrolera extraordinario durante varios años). Tal como puede apreciarse en este trabajo .

Y este es el sector que busca poner bajo su órbita la producción petrolera de la mano de las transnacionales. Aunque actualmente la producción petrolera del país ha pasado de casi 3 millones de barriles diarios a un promedio actual de 732.000 por día de acuerdo al último reporte de la OPEP, las reservas del país constituyen las más grandes del mundo, y son las que quieren poner a merced del sector empresarial privado y las grandes corporaciones internacionales. El viejo cuento del país “incapacitado” para invertir para pasar a hacerse del control de la producción de estas vastas reservas.

Pero claro, estos señores que ya han mostrado ser buenos pagadores de deuda, en medio de la gran catástrofe nacional, y poniendo al desnudo su discurso de “ayuda humanitaria”, no se les pasa por la cabeza (como buenos capitalistas obviamente) sacar los recursos de esos ingentes montos de dinero que se han destinado y destinan a pagar una oprobiosa deuda. Maduro pagó casi 80 mil millones de dólares en los últimos cinco años en deuda externa al capital usurero internacional, jamás se propuso, en medio de la emergencia y drama nacional, destinar esos recursos a las necesidades del pueblo y de las industrias públicas, incluyendo PDVSA; a la oposición de derecha, tampoco se le ocurre ni por error tocar los intereses de los buitres especuladores, sino que su “pensamiento único” prescribe una sola opción: entregar los recursos nacionales al capital transnacional.

Pero peor aún, si tomamos en cuenta que en el país se dio una enorme fuga de dólares al exterior, que entre 2003 y 2016 aumentó diez veces la cantidad de dólares en cuentas de venezolanos en el exterior, pasando de 49 mil millones a aproximadamente 500 mil millones, una cifra fabulosa, equivalente a muchos años de ingresos petroleros nacionales, ni se les ocurre tampoco ninguna medida para obligar a la repatriación forzada de esos capitales para “reactivar” la industria petrolera pública.

Luego de hacerse la fiesta con esta millonada de dólares fugados, del cual participaron empresarios de todos los colores, ligados tanto al partido del gobierno como de los de la oposición de derecha, además de toda la casta burocrática que vive del Estado, incluyendo los militares, ponen en función de sus intereses y sus alianzas con transnacionales las grandes reservas de petróleo. Una clase realmente antinacional, parasitaria y chupa sangre.

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