Lucha universitaria: mentiras PRO en ascenso, salarios y presupuesto a la baja

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Entre el manual del gobierno para adoctrinar la tropa contra los docentes y la apología “pre 2015”. El desgaste de la educación pública universitaria viene desde hace años, con complicidades varias y resistencias masivas. Mitos y realidades del desfinanciamiento y el ataque al salario docente.

“En los últimos años el salario le ha ganado a los incrementos de precios”, sentencia un “manual” impulsado por el gobierno para atacar la lucha de los docentes universitarios y los estudiantes en defensa de la educación y difundido por varios de sus funcionarios y seguidores, como Iván Petrella (Director Argentina 2030, Jefatura de Gabinete de la Nación).

Incluso el exministro de Educación de Macri y actual senador, Esteban Bullrich, intentó ayer justificar en un programa de televisión el magro ofrecimiento de aumento salarial del gobierno argumentando que para los universitarios “las paritarias son diferentes” a otros sectores porque “es de marzo a marzo, se toma el 15% desde marzo”.

Sin embargo, dos reconocidos especialistas en temas laborales han publicado esta semana datos contundentes sobre la caída del salario real de los universitarios en los últimos dos años.

Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de CTA Autónoma señaló que los docentes universitarios tienen un poder adquisitivo 15 puntos por debajo del que tenían en julio de 2015 y que en 2018 su nivel cayó fuerte, incluso a pesar de la revisión de la paritaria de 2017 y el adelanto del 5 %.

Por su parte, el investigador Daniel Schteingart (Radio con vos) toma el promedio anual de los 12 meses de cada año y concluye que tomando la propuesta oficial y una inflación de 32 % anual, hacia fin de año el poder adquisitivo del salario anual del docente universitario sería este año 7 % menor a 2015.

La “novedosa” idea de Bullrich de que debe considerarse el período de marzo a marzo no tiene ningún antecedente ni sustento real. Aun suponiendo que este deba ser el parámetro, solo entre marzo y julio de este año la inflación medida por el Indec es de 14,8 % acumulativa, casi lo mismo que lo que el gobierno quiere proponer como aumento para todo un año.

Las declaraciones del exministro son así una verdadera confesión del robo a los bolsillos docentes, pero también del verdadero desfinanciamiento a las 57 universidades, dado que reconoce que el 90 % del presupuesto asignado tiene como destino los salarios, siendo así casi nula la inversión y los fondos para investigación, para becas estudiantiles u otras actividades básicas del funcionamiento de esas casas de estudio.

¿Y por casa?

Los análisis precedentes muestran el deterioro del salario de los docentes universitarios frente a la inflación desde que asumió el macrismo. Pero la pérdida salarial se arrastra desde bastante antes de 2015, en el cual la gestión kirchnerista tiene principal responsabilidad, sumado a los sindicatos oficialistas que festejaron y avalaron una y otra vez las migajas ofrecidas.

Un cálculo sencillo demuestra que en diciembre de 2015 los salarios terminaron 6,2 puntos por debajo de su nivel de septiembre de 2011, con importantes caídas en 2014 y 2015. Este resultado se obtiene contrastando el salario obtenido por un cargo testigo (auxiliar semiexclusivo) con la inflación medida por la Ciudad de Buenos Aires (habida cuenta de la intervención del Indec que anula la utilización del IPC de dicho orgnismo).

Poder adquisitivo de los docentes universitarios, 2011 a 2015 (sept 2011=100)

Fuente: Elaboración propia en base a grillas salariales CONADU e IPC CABA.

Pero si en vez de comparar la foto inicial y la foto final se observa la película de la pérdida de ingresos de cada mes, se puede calcular que para este caso testigo, en esos cuatro años la pérdida de ingresos frente a los precios, acumulada y actualizada a valores de hoy, equivale a 45.848 pesos. Esto se observa en las barritas que indican la diferencia entre el salario real y el salario que hubiese mantenido el poder adquisitivo constante, mes a mes.

Pérdida de poder adquisitivo de los docentes universitarios, 2011 a 2015 (sept 2011=100)

Fuente: Elaboración propia en base a grillas salariales CONADU, IPC 7 provincias e IPC CABA.

A esto debe agregarse especialmente un problema estructural del cual nadie habla: la “pesada herencia” del kirchnerismo de los miles de docentes ad honorem (trabajo gratuito), contratados (interinos, sin estabilidad), mal remunerados (cobran por un cargo inferior al que realizan), que desde ya nunca se propuso revertir el gobierno actual.

Si se mira la película completa, es decir, desde el año 2011 hasta la actualidad se llega a un resultado trágico: el nivel del poder adquisitivo de los docentes universitarios se encuentra casi 25 puntos por debajo del de septiembre de 2011, y la pérdida total a valores actuales es de 105.071 pesos (para el caso testigo). Esto significa que los docentes perdieron en poder adquisitivo un equivalente a más de 10 salarios en 7 años.

Así también, si se mira sólo el período macrista el salario cayó 16 puntos entre diciembre de 2015 a julio de 2018, con una pérdida monetaria equivalente a 59.223 pesos (para el caso testigo).

Poder adquisitivo de los docentes universitarios, 2011 a 2018 (sept 2011=100)

Fuente: Elaboración propia en base a grillas salariales CONADU, IPC 7 provincias e IPC CABA.

Siguiendo el método de tomar los promedios anuales que propone Daniel Schteingart, el resultado no puede ser otro que un continuo deterioro, que con la oferta inicial de 15 % más una inflación conservadora de 32 % para 2018 resultaría en una caída de 19 puntos hacia fin de año desde el 2011.

Poder adquisitivo de los docentes universitarios, promedio anual 2011 a 2018 (2011=100)

Fuente: Elaboración propia en base a grillas salariales CONADU, IPC 7 provincias e IPC CABA.

Una última cuestión que no casualmente queda siempre por fuera de esta discusión estrictamente salarial, y que va más allá de la comparación evolutiva con la inflación, que es concretamente para cuánto alcanza el salario de los docentes universitarios.

Al día de hoy, nuestro docente testigo con un cargo semiexclusivo percibe $ 9.750 brutos, quedándole en mano unos $ 8.100, menos de la mitad de la línea de pobreza medida por el Indec por encima de los $ 20.000. Ni hablar de la mayoría de los cargos que son apenas con dedicación simple, en torno a los $ 5.000, obligando a los docentes a completar un excesivo número de cargos (si es que consigue) o vivir de otras fuentes de ingresos por fuera de su ejercicio docente.

La discusión central no es salarial, sino de orientación educativa

Bullrich también negó un proceso de desfinanciamiento a la educación pública superior: “cuando yo asumí como ministro de Educación de la Nación había 51 mil millones de pesos de presupuesto; hoy hay 103 mil millones. Claramente no estamos ni cerca de desfinanciar la universidad”.

El pequeño detalle es que en los últimos tres años la inflación acumulada superó con creces este aumento presupuestario nominal, que ya se mostraba escaso cuando asumió. Mientras que los precios acumularán, con una previsión optimista, un 135 % entre diciembre de 2015 a diciembre de 2018, el aumento presupuestario que dice el Sr. Bullrich se encuentra en torno al 100 %, exactamente 30 puntos por debajo.

Por su parte, a contramano de las versiones oficiales en torno a un nivel de ejecución presupuestaria del 96 %, como sostiene el “instructivo” PRO que difunde Petrella, el gremio docente Conadu denuncia una fuerte subejecusión del presupuesto universitario.

En su informe señala que “el nivel de ejecución del presupuesto al 30 de junio fue más bajo que el alcanzado en los últimos tres años. Al finalizar el primer semestre la SPU no había pagado el 24,9% del gasto contabilizado (devengado) durante el período. Este atraso en los pagos afecta a todas las actividades, alcanzando niveles muy altos en Desarrollo de Proyectos Especiales (100%); Programa Bec.Ar (93,7%), Gastos para Funcionamiento (73,3%); Investigación de los Docentes Universitarios (53,5%); y el Financiamiento de los Hospitales Universitarios (49,5%).”

Pero más concretamente, y mirando nuevamente su evolución histórica, la propia central afín al gobierno kirchnerista muestra el estancamiento del presupuesto universitario desde el año 2009, en torno al 0,8 % del PBI, lo que implica a su vez una carrera entre los distintos rectores por la búsqueda de financiamiento privado que abre la puerta también a negocios propios, con su contraparte en mayores niveles de mercantilización y orientación de contenidos y programas a las necesidades de lucro de las empresas y de formación de profesionales en ideologías acríticas.

La lucha educativa universitaria estalla hoy ante el hartazgo de los docentes e investigadores por el maltrato y la burla del gobierno nacional, pero los sujetos de esta respuesta, los estudiantes y los docentes, van tomando conciencia de que lo que está en juego no es solamente un reclamo salarial, como intenta instalar el gobierno, sino una conquista histórica del pueblo trabajador en Argentina, que aunque insuficiente y todavía muy lejos de garantizar un acceso efectivo de los trabajadores a la educación masiva y de calidad, implica un punto importante a defender frente a las tijeras del gobierno y el FMI: la educación pública.

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La orientación política hacia la universidad se agudiza actualmente frente a las necesidades fiscales por responder a las exigencias del capital financiero internacional. Allí se prioriza por ejemplo la libertad para la fuga de capitales que ya lleva 20.000 millones de dólares sólo en 2018 (casi 6 veces el presupuesto de las universidades) y el “ahorro” para pagar todos y cada uno de los intereses de la ilegítima y fraudulenta deuda pública a los especuladores.

Pero estructuralmente esta orientación responde a una política de desfinanciamiento y degradación de las condiciones de estudio y de trabajo en la búsqueda de reducir los atributos productivos de un sector de la clase obrera (abaratando el salario real) y de segmentar el acceso a la educación superior para una minoría que acceda a universidades privadas y más directamente alineados con la formación de cuadros técnicos patronales (bajo la ideología dominante) para las empresas y el Estado.

A contramano de ello, estudiantes y docentes tienen hoy el desafío imperante de proponer una orientación propia, conquistando un presupuesto universitario que sea definido democráticamente desde asambleas de base por los sindicatos, centros de estudiantes y federaciones. Este debe contemplar no sólo el pago de salarios mínimos iguales al costo de la canasta básica familiar, sino también para realizar las reparaciones y obras de infraestructura necesarias, construir edificios en condiciones, un sistema de becas integrales de estudio, la apertura y funcionamiento gratuito de los comedores en las universidades, la construcción de jardines materno-parentales para que nadie abandone la universidad y los recursos suficientes para la inversión en investigación y extensión.

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