Morales condenó a estudiantes para mantener el "orden" y la "paz social"

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Ayer se conoció la sentencia del juicio contravencional contra los estudiantes que reclamaban contra el cierre de escuelas. La semana que viene se conocerán los fundamentos del fallo, difundimos fragmentos del alegato que hizo la policía para que sean condenados.

La policía que detuvo ilegalmente a los estudiantes, utilizando policía de civil para infiltrarse y luego fue la parte acusadora en la causa armada; graficó, a confesión de parte, el régimen policíaco que se ha impuesto en la provincia.

“La defensa evidentemente maneja estándares políticos/jurídicos que se encuentran en disonancia con los cambios y exigencias legales impuestos en nuestra provincia para mantener el orden público y mantener la paz social.”

El “orden” y “paz social” de los empresarios

Estos “preceptos” de Gerardo Morales, que parecieran habilitar el atropello de los más elementales derechos, fueron los principales argumentos que sostuvo la policía para exigirle una multa a los estudiantes por manifestarse en defensa de sus escuelas.

“Se debe reconocer que los intereses de una sociedad…se encuentran plasmados en las diferentes leyes, no en reclamos o manifestaciones de pequeños sectores… que alteren ilegítimamente el orden social…y que los responsables queden sin recibir el correspondiente castigo.”

En última instancia aquellos que enfrenten el dramático sistema educativo de la provincia; cierre de escuelas, la caída de techos de edificios educativos, deserción en secundaria y universidad por no poder pagar los costos, y el mísero salario docente son considerados que alteran el orden social. El propio Iván Mendoza docente de los ex Ceija manifestó que su salario equivale a la multa que le impusieron.

La ilegalidad y violencia viene del Estado

“Bien podemos afirmar sin temor a error que su reclamo no era legal, pues bien se puede apreciar que era ejercitado “sin violencia”…no se requiere violencia, sino que simplemente se haya alterado el orden…”

Así se despacha el abogado que representa la policía, que detuvo a la concejala del PTS-FIT Andrea Gutierrez, de manera violenta y sin orden judicial cuando intentaba identificarse, dictaminando que reclamar por la educación no es legal. Para luego establecer (su) parámetro de cuándo una manifestación deja de ser pacífica:

“siendo necesario establecer por que la conducta de los infractores habría dejado de ser pacífica, en este punto, debemos afirmar que una manifestación o un reclamo (legítimo o no) deja de ser pacífico por dos razones: a)cuando habiendo durado poco tiempo la misma fue intensa por sus efectos… b)dicho reclamo se extendió en el tiempo de una manera tal que ha logrado lesionar…

No podrá considerarse pacífica la conducta de los imputados en tanto su persistencia han logrado alterar el orden y la paz social.”

Serás culpable hasta que se demuestre lo contrario

“Frente a la norma contravencional, ser “manifestante” no convierte a un ciudadano de manera automática en “inocente””.

Pero pareciera que automáticamente lo convierte en “infractor”, recordemos que aquel día todas las personas que estaban sobre la vereda de Casa de Gobierno fueron arrestadas, lo que pareciera una verdadera “razzia” que fueran denunciadas en el famoso caso Bulacio.

Y de esta forma concluye el alegato:

“De todos los traídos al proceso, en un principio no se sabía el rol de cada uno de aquellos o en otras palabras de qué forma o cuándo habrían colaborado…

No pudiendo establecerse mayores datos de participación respecto de los estudiantes, teniendo noticias poco precisas de su participación…”

Rebelarse es no solo un derecho sino una obligación: Declaración final de Valentina Melo estudiante de la UNJu y militante de Pan y Rosas y del PTS – FIT.



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