“Ni asiste, ni reactiva”: en un año hay 43.800 nuevos pobres en Jujuy

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La pobreza en Jujuy alcanza a 272.190 personas y la indigencia a 48.800. Causas de un flagelo social creado por las políticas de ajuste del gobierno y el FMI. Medidas de urgencia para que la crisis la paguen los grandes empresarios, banqueros y terratenientes.

La pobreza alcanzó durante el primer semestre del año a 272.190 personas, el 35,7 % de la población total de la provincia. Respecto a un año atrás, hay 43.800 nuevos pobres.

Jujuy se ubica apenas por encima del nivel de pobreza de todo el país (35,4 %) comparado y, en la región NOA, se ubica en el quinto lugar, detrás de Santiago del Estero (44,8 %), Salta (41,8 %), Tucumán (40,4 %) y Catamarca (40,1 %)

El número de personas que no alcanzan a cubrir mensualmente el mínimo de alimentos necesarios es de 48.800 personas, un 6,4 % de la población y respecto del primer semestre del año pasado, en 2019 el aumento es de 16.400 nuevas personas que ingresaron en la indigencia en un año.

En el caso de los hogares el 25,4 % están bajo la línea de pobreza y el 3,8 % son indigentes.

¿Cuáles son las causas del salto en la pobreza?

El crecimiento de la pobreza y la indigencia, encuentran sus causas, por un lado, en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación; por el otro, en el salto de los niveles de empleos precarios y la desocupación producto de la crisis económica que desde abril 2018 llevó a una caída permanente de la actividad y bajo las órdenes de ajuste del FMI no ha hecho más que profundizarse.

En el caso de Jujuy, sin datos disponibles por parte del Indec, podemos aproximarnos a la situación de pobreza que viven las maestras que tienen un cargo y 10 años de antigüedad con ingresos que equivalen al 70 % del valor de la canasta básica total. O sea, están en la pobreza, a excepción de trabajar otro turno más en las escuelas.

Esta posibilidad no la tienen los empleados estatales o municipales que por Ley de Emergencia Económica que rige de los años 1990 no pueden trabajar más de 6 horas en el Estado. La otra opción es un trabajo particular o bajo las formas más extendidas, las changas o la venta en las ferias.

En el caso de la juventud 9 de cada 10 trabajan en negro, percibiendo salarios por debajo de los que tienen los empleados registrados. En su mayoría trabajan en el sector servicios, en bares o en comercios, con ingresos que no llegan a los 10.000 pesos al mes.

Si además consideramos el retroceso persistente en la pérdida de puestos de trabajo asalariados registrados, que tienen como consecuencia, más trabajo precario (cuantapropias), en negro o desocupación, se genera un fuerte golpe en los ingresos de las familias trabajadoras.

Por último, hay configuraciones estructurales que hacen a las condiciones de vida de más 100.000 personas que no encuentran oportunidades en el denominado mercado laboral –estando en condiciones de trabajar-, entre ellos, encontramos a jóvenes y adultos, siendo las mujeres la inmensa mayoría (71%) según el Reporte de Empleo del ex ministerio de Trabajo de la Nación (enero 2018).

Este sector que representa al 20 % de la población mayor de 15 años sobrevive bajo condiciones de pobreza e indigencia en forma permanente y, en contextos inflacionarios y de fuerte caída de la actividad económica, su vida se hace aún más cuesta arriba.

¿Cómo salir del fondo?

Con 6,85 pesos por día por niña y niño que asiste a un comedor escolar en la provincia o con 550 pesos de la tarjeta alimentaria, nadie puede afirmar, que se “asiste y reactiva” el hambre de las familias más humildes como sostiene el gobernador Gerardo Morales.

El proyecto de Ley presentado por los diputados del PTS en el Frente de Izquierda para aumentar los salarios, jubilaciones y planes sociales acorde a la inflación anual, en todo el país y en la provincia, es una medida de emergencia que exige la pelea en calles con el paro y la movilización que los diputados de la izquierda exigen a la CGT y a los gremios locales.

El hambre exige medidas de emergencia que hay que pelear en las calles, no quedarse en la casa, como sostiene el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández y los candidatos del PJ jujeño. Estas propuestas deben complementarse con la prohibición de despidos, la anulación de los tarifazos volviendo a las tarifas de 2016 con la nacionalización de las empresas de servicios públicos bajo control de trabajadores y usuarios, a la vez, que se da una pelea de fondo por el no pago de la deuda pública y la salida del FMI como parte de un programa para que la crisis la paguen quienes la generaron, los grandes empresarios y los banqueros, sostuvo el diputado del PTS-Frente de Izquierda Alejandro Vilca, candidato a diputado nacional por Jujuy, compartiendo la fórmula con el candidato presidencial, Nicolás Del Caño.



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