Otra vez: empresas de transporte no pagan a sus trabajadores

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A solo días de otro aumento de boleto, Unión Bus no cumple con sus trabajadores y retiene parte de los sueldos. Los choferes iniciaron medidas de fuerza esta mañana para que les paguen y del gobierno se apresuran a dictar conciliación obligatoria. Desde la izquierda exigen que las empresas cumplan con los trabajadores y se termine con la extorsión empresarial a trabajadores y usuarios.

Como si fuera una historia de nunca acabar, las empresas de colectivos que se beneficiaron de un aumento progresivo de la tarifa que llega al 81%, subsidios municipales, provinciales y nacionales, recorte en la BEGU (incremento del subsidio por el mismo a favor de las empresas) y conciliaciones obligatorias express y destacamentos policiales para cuando los trabajadores reclaman, nuevamente no cumplen con sus trabajadores que viven lo que ya es una tortura: no saber si cobran o no, todos los meses. Esta vez fue Unión Bus, del empresario Rodolfo Severich.

Miembros de la UTA afirmaron a medios provinciales que “Los empresarios alegan que el gobierno no les pone la plata y el gobierno dice que sí. Es tirarse la pelota uno a otro”. Mientras tanto que el titular de Unión Bus, tiene la desfachatez de afirmar que “es una medida que se sabía que podía llegar porque están tomando represalia porque la vez pasada fuimos nosotros quienes empezamos a dar servicio a la gente porque la gente tiene que transportarse”. A lo que agregó “estamos en eso, pero todavía están intransigentes los muchachos del gremio”, como si fuera un juego o un capricho de los trabajadores el querer cobrar en tiempo y forma. Por su parte el Ministerio de Trabajo, se apresura en dictar la conciliación obligatoria para levantar las medidas de fuerza de los trabajadores.

Desde el PTS-Frente de Izquierda Unidad, nos solidarizamos con los choferes de Unión Bus, y exigimos que se paguen la totalidad de los salarios de los choferes en tiempo y forma, a la vez que mantenemos el rechazo del ultimo tarifazo del boleto y la política del gobierno que privilegia los intereses de un grupo de siete empresarios del transporte por sobre los 1.200 trabajadores de colectivos y el 70% de la población de San Salvador de Jujuy que usa el transporte urbano todos los días que terminan pagando la ganancias de este pequeño grupo de personas.

Esta crisis del transporte deja patente que cuando a los servicios públicos se los deja en manos privadas, los empresarios, cubiertos por un gobierno que los defiende, ponen sus ganancias por sobre los derechos de trabajadores y miles de usuarios. Es necesario la apertura de los libros de contabilidad y que expliquen que hacen con los subsidios millonarios que reciben, y como medida de fondo estatizar íntegramente el servicio de transporte de todo San Salvador de Jujuy bajo control de trabajadores y usuarios.



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