Pañuelazo ante la Legislatura, que votará una resolución contra el aborto legal

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Una legisladora presentó un proyecto de ley para que Tucumán sea declarada “provincia provida” que será tratado como resolución.

En los días previos a la votación en el Senado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, continúan las acciones de los sectores oscurantistas. El escenario para desplegar actividades contra el derecho al aborto legal nuevamente será la Legislatura. Los legisladores oficialistas Sandra Mendoza y Enrique Orellana presentaron un proyecto de ley para que declare a Tucumán como “provincia provida” y que se considere como “política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta su muerte natural”.

Los peronistas también propone que esto se replique en los municipios, instando por ley a “desarrollar actividades y acciones a favor de las Dos Vidas”. Previa a la media sanción en Diputados, el Concejo Deliberante capitalino ya había aprobado dos declaraciones en el sentido de lo planteado por Mendoza y Orellana. Irónicamente, el proyecto de ley fue presentado ante la Comisión de Protección de los Derechos de las Mujeres, presidida por Graciela Medina.

En la mañana de hoy, hubo quórum en la comisión donde se debatió sobre el proyecto que, según Mendoza, cuenta con la mayoría para ser aprobado en el recinto. Finalmente la declaración será tratada sobre tablas en la sesión del jueves pero no como proyecto de ley sino como resolución. Ante esto, desde el movimiento de mujeres se realizará un pañuelazo a las 10 para rechazar la votación de esta declaración.

Como contraparte, en la comisión los legisladores Silvia Rojkés, Fernando Valdez y Stella Marís Córdoba presentaron un proyecto para se convoque a audiencias públicas en la Legislatura para “establecer un intercambio que enriquezca el debate en torno a los diferentes proyectos legislativos”. Allí participarían “referentes de los sectores médico, jurídico, científico” junto representantes de “la vida cultural, educativa y espiritual” de la provincia.

“Es inadmisible cómo la Legislatura funciona como un búnker de los sectores antiderechos, encabezados por la cúpula clerical. El poder político, comenzando por Manzur y Jaldo, les conceden todo, desde recursos económicos hasta leyes. Gobiernan a pedido de la Iglesia, por eso no tenemos ley de educación sexual integral ni de salud sexual pero si hay educación religiosa obligatoria; se obstaculiza la aplicación del aborto no punible y someten hasta a adolescentes a la maternidad forzada, se cajonea el cupo laboral trans. Hay que romper este vínculo entre la Iglesia y el Estado. Frente a esta avanzada del oscurantismo es fundamental que las mujeres ganemos las calles, por eso los sindicatos y los centros de estudiantes tienen que estar a la cabeza para que el 8 de agosto las plazas del país se tiñan de verde”, sostuvo Alejandra Arreguez, del PTS-FIT.



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