Presupuesto bonaerense de Vidal, a tono con beneficios a empresas y especuladores

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Mientras se plantea una reducción de impuestos a las empresas por $ 10.000 millones se agrega un aumento del impuesto inmobiliario de 38 % que impactará especialmente a las viviendas urbanas. Garantizan el pago de deuda mientras reducen salarios a estatales.

El gobierno de María Eugenia Vidal dio a conocer no oficialmente algunos lineamientos sobre el proyecto de Presupuesto que se está presentando en estas horas en el Senado de la provincia de Buenos Aires. El mismo seguirá la pauta acordada en el Consenso Fiscal para la aprobación del Presupuesto Nacional 2019 que exige el FMI, incluyendo la reducción impositiva a empresas y el traspaso de servicios públicos a la órbita provincial.

Según trascendió, el presupuesto prevé que los gastos totales serán superiores a los ingresos totales por $ 40.000 millones. Sin embargo se propone como positiva la existencia de un “déficit operativo” de 0,2 % del Producto provincial ($ 12.000 millones). Esto significa que lo que se ahorrará de gasto público en relación a los recursos (también disminuídos) se destinará al pago de intereses de deuda, además de nuevo endeudamiento que se tomará para abordar esos intereses.

De esta forma se prevé un total de gastos proyectados de $ 929.000 millones, mientras que los ingresos totales previstos ascienden a $ 889.000 millones.

El proyecto estaba a punto de ser presentado ayer a última hora, de acuerdo a lo difundido por el sitio parlamentario.com.

Bajan impuestos a empresas

El rechazo que se expresó masivamente en redes ayer por la tarde se vincula con la desigual carga del ajuste en materia de impuestos. Mientras se aumenta un 38 % la carga del impuesto inmobiliario rural y urbano, recaudando $ 8.000 millones adicionales, se transferirán $ 10.000 millones a las empresas mediante la reducción de ingresos brutos.

Pero además, se espera que el impuesto inmobiliario para el sector rural casi no tendrá impacto, ya que de los $2.800 millones que se estima recaudar por ese concepto, se le va a compensar con una eximición de unos $2.500 millones con la baja de la alícuota del gravamen sobre los Ingresos Brutos.

Es así que se bajarán las alícuotas de ingresos públicos del siguiente modo: para la producción primaria, de 1,5 a 0,75 %; para la construcción, de 3 a 2,5 %; para los servicios, de 5 a 4,5 %; y para el transporte, de 3 a 2 %; para las comunicaciones, de 5 a 4 %; para servicios inmobiliarios, de 6 a 5 %, y para la electricidad, gas y agua, de 4 a 3,75 %. Esta disminución significa una transferencia del sector público a las empresas por $ 10.000 millones.

Una fuente del gobierno sostuvo que este año (2018) ya bajaron los impuestos a razón de $ 15 mil millones en Ingresos Brutos; mil millones de pesos en sellos y $ 3.000 millones en concepto de la eliminación de impuestos a los servicios, que dispuso en abril pasado. Todo eso suma $ 19.000 millones en concepto de transferencias del Estado a las empresas.

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Esta concepción de reducir la “carga impositiva” a las empresas implica un financiamiento de sus beneficios a costa de desfinanciar el gasto público en servicios elementales. Restará ver cómo queda el esquema de gasto de las partidas sociales y las proyecciones de inflación utilizadas para el año siguiente.

Lo que se sabe es que el proyecto prevé un magro aumento de 20 % a los salarios de los trabajadores estatales, mientras las previsiones de precios para el año que viene rondan el 35 % (Presupuesto de la Administración Nacional). Esto implica un fuerte ajuste, nuevamente, sobre el poder adquisitivo de los salarios.

Deuda

En cuanto a la deuda, anunciaron un endeudamiento en los mercados de crédito de $ 68.500 millones. Los funcionarios admitieron que esa deuda que tomará la provincia será para pagar los vencimientos de deuda, intentando dar tranquilidad de que se garantizará el pago a los especuladores.

¿Más tarifazos?

Por su parte, el presupuesto bonaerense para 2019 contempla la transferencia de subsidios de servicios públicos del Gobierno nacional acordado en el Consenso Fiscal para aplicar el ajuste y los tarifazos, con lo cual el déficit de este año será de $ 40.000 millones de pesos (sin las transferencias de los servicios sería de solo 12 mil millones) y se mantiene en 0,6% del producto, un porcentaje muy similar al de los años 2018 y 2017.

No se aclara si está previsto que este traspaso de los servicios públicos implicará un aumento en las tarifas de transporte y electricidad, que ahora pasan a depender de la provincia. Las fuentes oficiales aclararon que las subas no serán muy distintas a las previsiones inflacionarias, es decir, que habrá aumentos reales. Debe recordarse que, por el contrario, buscarán que los salarios queden por detrás de la inflación.

Este paquete de ajuste ya tiene sus garantes casi anunciados. Tanto el bloque que responde políticamente a Sergio Massa como el alineado con los intendentes peronistas vienen adelantando su aval para que se pueda discutir e, incluso, aprobar este presupuesto de ajuste y endeudamiento, alineado con los planes de Cambiemos y el resto de los gobernadores peronistas en el Presupuesto Nacional.

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