Privatizadas y tarifazo: cuando el lucro capitalista mata

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A millones de personas se “les va la vida” en el pago de los servicios. Ante el Estado que privilegia la rentabilidad de las empresas, es necesario la estatización bajo control de los trabajadores como plantea la izquierda.

Romelia tenía 14 años cuando murió electrocutada en un asentamiento de Ituzaingó, producto de una descarga eléctrica. El tendido eléctrico en su casa era precario porque Edenor había retirado los medidores por falta de pago.

“De las ocho familias que vivimos en el pasillo, a tres Edenor nos retiró el medidor porqué fuimos acumulando facturas que no pudimos pagar”, contó Flavia, una vecina del barrio.

En la inmensa mayoría de las zonas precarias, como villas y asentamientos, no hay gas natural, ni red cloacal y la luz es un servicio básico e indispensable que alimenta el motor de los tanques de agua. Sin luz, no hay agua.

Valentino tenía 5 años y vivía en Lomas de Zamora. Era electrodependiente. Murió a raíz de un corte de luz. La responsabilidad fue de Edesur. ¿El motivo? Una factura pendiente por casi $60 mil.

“Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que tenía a mi nene electrodependiente. La respuesta de ellos fue que tenía una deuda. No tengo las condiciones para pagar esa cantidad de plata”, contó su madre días después.

Para las privatizadas como Edenor y Edesur la vida de las personas no vale nada. Es solo una variable más a la hora de calcular las ganancias. El lucro capitalista puede matar. Es lo que ocurrió con Valentino y Romelia.

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Estas muertes constituyen un verdadero crimen social, como las definiera ya en 1845 Federico Engels, uno de los fundadores del socialismo científico. Son el resultado de la desenfrenada búsqueda de ganancias de las grandes empresas y de la complicidad estatal con esa búsqueda. Se trata de “millares de seres humanos a quienes se les quita los medios de existencia indispensable”. ¿Cómo definir si no es de esta manera la muerte de Romelia y Valentino?

No hay dudas de que los servicios públicos están hoy pensados en función de aumentar las ganancias de las privatizadas. No hay duda, tampoco, de que el Estado es un garante absoluto de la rentabilidad de esas empresas. En este marco, el derecho a la vida de las personas pasa a segundo plano.

El gobierno de Macri ha demostrado ser un firme defensor de los intereses de esas empresas privatizadas, durante los últimos tres años el incremento en las tarifas fue de casi 2400%. Llegó al extremo de vetar una ley del Congreso Nacional que limitaba moderadamente los tarifazos.

El problema de fondo, que no ha sido cuestionado por ningún gobierno desde Menem en adelante, es que las privatizaciones son un enorme negociado en detrimento del pueblo trabajador. El menemismo les dio a los empresarios, además de la concesión de los servicios, la entrega sistemática de subsidios millonarios sin ningún tipo de control ni auditoria y vía libre para aumentar tarifas que se dolarizaron y ajustaron según la inflación de EEUU.

Durante el kirchnerismo se mantuvo lo esencial de ese esquema. Entre los años 2004 y 2015 desembolsó U$S 162 mil millones a favor de los concesionarios que no invirtieron ni un peso en mejorar la calidad del servicio. Pura voracidad capitalista.

Sobre este enorme negociado, que hoy continua vigente, los empresarios amasan verdaderas fortunas a pesar de no hacer prácticamente inversiones. Con tarifazos o con subsidios, los Roggio, los Caputo, los Macri y los Mindlin siempre se la llevaron en pala. Solo las compañías encargadas de la generación, del transporte y la distribución eléctrica que cotizan en bolsa ganaron U$S 159,3 millones en el tercer trimestre de 2018 (último dato disponible).

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Los servicios públicos no tienen por qué dar ganancias

Los servicios públicos son indispensables para el desarrollo de nuestra vida. Satisfacen nuestras necesidades básicas y constituyen un derecho esencial. No tienen por qué dar ganancias para un puñado de capitalistas.

Por eso el primer y fundamental paso para revertir esta situación es terminar con las privatizaciones. Mientras el lucro de las empresas sea lo que organice el sistema, la vida de muchos Valentinos y muchas Romelias sigue en riesgo.

Pero estas empresas estatizadas no pueden ser dirigidas por funcionarios corruptos y amigos de los empresarios. Se apelliden De Vido o Iguacel, son tan responsables de la situación como los dueños de las empresas.

Por esto, la anulación de las privatizaciones tiene que estar ligada a dos medidas más fundamentales. Por un lado, una auditoría exhaustiva de los subsidios millonarios otorgados por estos funcionarios, en la mayoría de los casos a familiares y amigos. Y por otro, la gestión tiene que recaer los propios trabajadores, con la participación de usuarios, técnicos y especialistas. Sólo una gestión de este tipo puede planificar una red de servicios públicos de calidad, accesible para toda la población y orientados a satisfacer las necesidades sociales.

Un sistema así podría, además de mejorar el servicio, extenderlo y hacerlo accesible a toda la población en un país como el nuestro donde tres de cada diez hogares urbanos no cuentan con red de cloacas y uno de cada diez no tiene agua potable.



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