¿Quién ordena y para quién? Apuntes sobre el Ordenamiento Territorial en Mendoza (Parte I)

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“El desafío que se nos presenta no es menor, se trata de una inmejorable oportunidad para lograr un desarrollo armónico y equilibrado de nuestro territorio; honremos esa tarea por el bien de los que vendrán”.

Laura Montero, vicegobernadora de la Provincia de Mendoza

A más de un año de la aprobación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) -que busca dar cumplimiento a la Ley N° 8.051 sobre Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo sancionada en 2009-, ya aparecen voces que alertan sobre su escasa implementación. Más allá de estas inquietudes, predomina de fondo la convicción que la aplicación del mencionado plan daría “respuesta a los desequilibrios territoriales” de Mendoza. Retomando el texto del PPOT, lo que se persigue es establecer una política de estado en torno al Ordenamiento Territorial (OT), buscando equilibrar el territorio provincial respetando sus “vocaciones, las identidades culturales y los saberes locales”. Se trata del primer plan de este tipo en la historia del país, constituyéndose -según las voces de diversos/as funcionarios/as- en un instrumento que permitiría a los habitantes de Mendoza arribar a un futuro armónico de la mano de un desarrollo equilibrado del territorio.

Sin embargo, lejos de vocaciones naturales y destinos preconcebidos, lo que se encuentra en disputa es el sentido del territorio mendocino a la hora de producir y habitar. De allí, se desprende la importancia por preguntarnos: ¿quiénes ordenan?, ¿para quiénes?, ¿para qué?, ¿qué es lo que precisa ser ordenado?, ¿existe un orden deseado?.

En los párrafos que siguen desarrollaremos someramente algunos de estos interrogantes, dejando para una segunda parte, algunas líneas de acción a modo de propuestas para una planificación del territorio mendocino que tenga en cuenta, principalmente, las inquietudes y necesidades de los/as trabajadores/as.

¿Orden y progreso?

Resulta casi obvio afirmar que todo proceso de OT encarado desde enfoques tradicionales, encierra en sí mismo la necesidad de ordenar algo que se halla desordenado. Lo que se busca organizar es un determinado territorio (en este caso el mendocino), el cual puede ser entendido como expresión espacial (geográfica) -material y simbólica- de relaciones de poder entre diferentes actores sociales, quienes en el marco de disputas y conflictos buscan darle formas propias para lograr controlarlo de manera duradera. Es decir, lo que sucede en un espacio definido implica arduos vínculos políticos que incluyen debates, luchas y enfrentamientos entre empresarios/as, organismos estatales, trabajadores/as, organizaciones sociales.

Por esto mismo, y retomando lo dicho al comienzo, las ideas de orden/desorden insertas en las políticas públicas bajo los marcos socio-económicos actuales, conllevan una altísima carga ideológica, entendiéndose por “buen orden”, el orden social y espacial predominante, hegemónico. En otras palabras, consiste en el orden de los grandes capitales con influencia local.

¿Innovaciones o viejos modismos?

La ley provincial N° 8.051 entiende al OT como un procedimiento político-administrativo de carácter preventivo y prospectivo, empleando la planificación como instrumento básico para “conciliar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial”. Vale reiterar que el actual proceso mendocino de OT es el primero de su tipo a nivel nacional. Sin embargo, de manera general, la búsqueda por establecer patrones de desarrollo para un determinado lugar o región, viene de larga data.

Numerosos países europeos, luego de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a cabo procesos de planificación con el objetivo de reconstruir las ciudades devastadas por aquella contienda bélica. En Latinoamérica, también en la segunda posguerra, se iniciaron procedimientos de planificación nacional y regional materializados, por ejemplo, en la organización de polos de desarrollo. Ya en la década de 1990, cobró auge la descentralización del Estado, delegándose funciones desde la escala nacional a los municipios, aunque sin el dinero necesario para poder llevar a cabo esas acciones de manera adecuada. Durante los últimos años, estas herramientas de planificación se presentaron a sí mismas como flexibles y abiertas a una mayor participación de la sociedad civil en sus diversas formas de organización, en contraposición a la tecnocracia predominante en esos ámbitos.

A pesar de todas estas variaciones en la forma de concebir y llevar a la práctica la planificación, las críticas han perdurado desde diferentes ámbitos con diversos intereses dado que el tan mentado “desarrollo” (locución de fácil uso pero de difícil definición) no ha llegado a la mayor parte de los parajes donde se han implementado y/o a todos los sectores sociales que allí habitan. Esta vez, en Mendoza, ¿serán diferentes los resultados?

¿Presente vs. Futuro?

Tanto en el caso particular de Mendoza como en otros, el OT implica el diseño de un modelo deseado a futuro, cuestión que queda graficada de manera cabal en las palabras antes citadas de la actual vicegobernadora (“por el bien de los que vendrán”). Partiendo de un diagnóstico amplio de un determinado territorio, se realiza una labor prospectiva por medio del trazo de una línea de ruta hacia un destino anhelado.

Ahora bien, lo que proponemos en este escrito es entender al OT de manera más amplia, es decir, como una política orientada a la transformación del territorio a futuro, pero también como resultado y expresión del uso actual de ese territorio. Es indudable que ese “ordenamiento” se lleva a cabo de manera permanente bajo diversas formas. Un barrio privado que se construye en el piedemonte de Luján de Cuyo, un centro comercial que se inaugura en Guaymallén o un restorán de alta gama en Ciudad que coloca sus mesas y sillas en la vía pública, buscan modelar su espacio circundante para el logro de sus objetivos económicos. Asimismo, una feria popular que ocupa una plaza en Ciudad para el comercio de diversas mercancías con el fin de asegurar la sobrevivencia de quienes la conforman o el tránsito de una marcha de estudiantes por las calles céntricas, son, de igual modo, formas presentes de ordenar el espacio. Es decir, el OT es un acción presente y constante.

En los ejemplos anteriores, también se vislumbran diversos objetivos en el uso (y por ende, en el ordenamiento) del territorio. Es decir, la sociedad como un todo uniforme y homogéneo parece existir sólo en algunos eslogans de campaña. ¿Acaso es factible, como sostiene Laura Montero, “lograr un desarrollo armónico y equilibrado de nuestro territorio”? Si bien puede tratarse de una loable expresión de deseo, la realidad, por el contrario, resulta mucho más compleja encarnando una relación sociedad-espacio contradictoria. En otras palabras, en el marco de una sociedad capitalista donde prima el interés de las clases dominantes a partir del principio rector de la propiedad privada, el espacio se ordena cotidianamente (y se proyecta a futuro) a partir de una situación asimétrica. Por ello, creemos que no se puede entender al OT ajeno a esa conflictividad. Siguiendo con esta línea entonces, nos preguntamos: desde el PPOT, ¿cómo se buscan resolver estos conflictos?, ¿se establecen límites a los deseos del capital concentrado?, ¿o acaso es inevitable considerar toda política pública tradicional de OT como una herramienta que colabora a mantener el espacio (y por ende la sociedad) según la lógica económica predominante?.

Autores:

Emanuel Jurado

María Marta Bernabeu

Alejandro Guajardo

Martin Magallanes



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