Reforma tributaria regresiva y ajuste presupuestario

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La clase empresaria se queja permanentemente de una supuesta presión impositiva que hace que el “costo argentino” sea elevado. Encubren así el atraso de productividad por la baja inversión, la fuga de ganancias y la dependencia de las potencias imperialistas.

Cambiemos les da la razón. La gestión de los CEO se inició sacando las retenciones (o bajando en el caso de la soja) a los agronegocios. También redujo o eliminó derechos de importación facilitando el ingreso de productos extranjeros.

En 2016, la recaudación por retenciones a las exportaciones se redujo 5,8 %. Entre enero y junio de este año volvió a caer 14,7 % la recaudación por retenciones a las exportaciones en relación al mismo período del año pasado.

Además, la falsa reparación histórica a los jubilados traficó una eliminación progresiva del impuesto a los bienes personales que gravaba mínimamente las propiedades, automóviles y en, general, la riqueza. En los primeros seis meses de 2016, los ingresos tributarios por bienes personales se redujeron 28,7 %, lo cual implicó una pérdida de recaudación por $ 2.495 millones.

Argentina, según el propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en 2016 eliminó impuestos por el equivalente 1,7 % del Producto Interno Bruto (PIB): unos $ 137 mil millones que fueron mayormente a los bolsillos de los empresarios. Es decir, que en los hechos, Cambiemos fue practicando una reforma regresiva del sistema tributario.


El sistema tributario actual es sumamente regresivo debido a que se recuesta principalmente sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava mayormente a los consumos populares: grava proporcionalmente más a quienes menos tienen y que destinan una parte mayor de su ingreso al consumo.

En lo que va del año el IVA aportó el 28 % de la recaudación total. Luego le sigue ganancias (21 %), que está cada vez explicado por lo que pagan los trabajadores. Se estima que 1,4 millones de trabajadores pagan ganancias luego de las reforma de fin del año pasado. Mientras la renta financiera, los jueces y los curas no pagan ganancias.

Incluso el macrismo revirtió cambios cosméticos establecidos por el Gobierno kirchnerista que establecían el pago de ganancias por distribución de dividendos, eliminaba exenciones a los no residentes e imponía el tributo a la compra venta de títulos y acciones que no cotizan en Bolsa.

Por las exenciones del impuesto a las ganancias por intereses ganados en depósitos, títulos públicos, ingresos de jueces y funcionarios y asociaciones sin fines de lucro el Estado deja de recaudar este año más de $ 54 mil millones.

No sólo eso. Las empresas gozan de otras desgravaciones o regímenes especiales, como el de la electrónica de Tierra del Fuego, el que beneficia a la minería o a las Pymes, entre otros. Por estos conceptos, la pérdida de recaudación, según el Presupuesto 2017, alcanza a casi $ 73 mil millones.

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Hacia adelante, el Gobierno pretende realizar reformas para hacer más regresivo el sistema impositivo en favor de los intereses empresariales. Para ese fin, está en funcionamiento una comisión bicameral en el Congreso que realiza el seguimiento de la reforma tributaria, de la cual todavía hay pocos detalles.

Desde la asunción de Cambiemos, a pesar del ajuste llevado adelante y gracias a la recesión, el déficit fiscal sigue muy elevado: el Gobierno dice que alcanzará el 4,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) este año, pero muchos analistas económicos dice que es mucho más alto, llegando al 7 %.

Por lo cual, avanzar en una reforma impositiva que reduzca los ingresos del Estado no es nada sencillo porque agrandaría el déficit, al menos que se compense con una reducción presupuestaria profunda, algo que tampoco se puede descartar del Gobierno de Cambiemos. En este contexto, el ministro Dujovne dice que la reforma será gradual.

Cambiemos apuntaría a la eliminación (total o progresiva) del impuesto al cheque, con lo cual, según las estimaciones de Izquierda Diario, podría implicar relegar ingresos por $ 157 mil millones anuales.

Además, estaría analizando modificaciones en el IVA. Los trascendidos van en sentidos opuestos. En algunos casos se menciona que bajaría la tasa mientras que en otros casos se dice que la subiría para compensar con la coparticipación de este impuesto a las provincias, a las que convocaría a eliminar el impuesto a los ingresos brutos.

El Gobierno pretende seguir con los tarifazos para compensar la baja a los subsidios a las ganancias de las empresas de servicios públicos. Y continuar con la reducción del poder de compra del salario de docentes, trabajadores de la salud y estatales. El objetivo es reducir el “gasto” social.

Incluso, el Ministerio de Modernización estableció el congelamiento de las plantas de empleados de los organismos de la Administración Pública Nacional. Para después de las elecciones se habla de reestructuraciones ministeriales que podrían incrementar el número de despidos que ya hubo en el Estado.

Dujovne y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quieren alcanzar junto a los gobernadores a una ley de responsabilidad fiscal que lleve la causa ajustadora a todas las provincias.

La restitución de los niveles impositivos existentes previo a la asunción de Cambiemos permitiría recaudar $ 137 mil millones. La eliminación de las exenciones a ganancias y de los regímenes promocionales mencionados aportaría otros $ 126 mil millones.

Una de las partidas presupuestarias que más sube en el Presupuesto 2017 son los pagos de intereses de la deuda pública. El no pago de los intereses de la deuda pública que beneficia a fondos buitre, el Club de París y otros especuladores, ahorraría $ 248 mil millones.

Estas medidas liberarían un total de $ 501 mil millones que permitirían, para dar un ejemplo, triplicar el presupuesto de educación y salud que suman $ 247 mil millones en la actualidad. Muchos más recursos estarían disponibles para atender necesidades sociales aplicando impuestos progresivos a las grandes fortunas.

De esta forma, se podría eliminar el IVA a los consumos populares y que el salario deje de pagar el impuesto a las ganancias.



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