Rossana Chahla afirmó que la fiscal Gianonni ordenó no interrumpir el embarazo

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La ministra de salud de Tucumán, Rossana Chahla, afirmó en una entrevista que la fiscal Adriana Gianonni ordenó no interrumpir el embarazo de la niña abusada de once años.

En una entrevista al diario La Gaceta, la ministra de salud de Tucumán, Rossana Chahla afirmó que la fiscal Adriana Gianonni intervino de oficio para dar la orden al Hospital de no interrumpir el embarazo. “Esta todo documentado”, aseveró la funcionaria deslizando un reparto responsabilidades.

Aunque la fiscal Giannoni, pertenece al fuero penal del Poder Judicial y actuó de oficio, se confirma de esta manera la información que circuló en los medios acerca de la intervención de esta fiscalía en la judicialización del caso.

La ministra sigue sin poder explicar por qué horas antes de la cesárea, desde el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) se emitió la orden al Hospital Eva Perón de que se de cumplimiento al oficio emitido por la jueza Brand y “continúen con los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”, tal como consta en un comunicado de prensa oficial. Orden que fue desmentida por la Corte Suprema de la provincia.

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Tampoco se informó que existe un acta realizada por una junta médica firmada por la propia directora del Hospital Eva Perón, entre otrxs Profesionales de la Salud, donde detallan los supuestos riesgos a los que se sometería la niña en caso de que se le realice la ILE, entre los cuales señalan que en un futuro podría tener complicaciones para tener hijos y que era complicada una ILE por vía vaginal para la niña, por lo que no recomendaban la práctica además de manifestar que “en caso de continuar el embarazo, con controles prenatales adecuados y periódicos, las complicaciones “no serían mayormente significativas (sic) que en la población en general: hipertensión arterial inducida por el embarazo, diabetes gestacional, restricción del crecimiento, anemia, parto prematuro (terminado en cesárea)”.

El caso Lucía se ha convertido en un verdadero escándalo de alcance internacional, del que ahora todos los funcionarios intentan despegarse repartiendo responsabilidades. Lo que no pueden explicar es por qué Tucumán no tiene un protocolo para la aplicación de la ILE. Pero todas estas preguntas no fueron formuladas en el espacio que generosamente concedieron los periodistas a la funcionaria.



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