Salud mental: hospitales públicos colapsados

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Hace diez años se votaba una ley de salud mental que promovía mejoras para la atención pública de personas con padecimientos mentales. Hoy: despidos, precarización laboral y graves problemas edilicios. Defender la salud pública.

Está próximo a cumplirse los plazos de aplicación de la Ley de Salud Mental N°26657 que en su Artículo 27, establece el cierre de hospitales monovalentes, prevista para el 1° de enero del 2020 por la Reglamentación de la ley.

Sancionada en 2010, y reglamentada en 2013, la ley establecía que debía construirse una “red de servicios con base en la comunidad”, en la que funcionen centros de atención primaria, hospitales de día, casas de medio camino, talleres laborales, entre otros dispositivos, para la atención de pacientes.

Esta ley estaba enfocada en desmanicomializar y otorgar prestaciones que estuvieran comprendidas en los derechos de los pacientes con padecimientos psiquiátricos. Más adelante nos referiremos si alcanza con cerrar los monovalentes para terminar con la lógica manicomial y porque hay que reconvertir estos hospitales en polivalentes.

El titular de la Dirección Nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, fue entrevistado por el diario Clarín para hablar sobre el tema. Ante la consulta sobre si el Gobierno avanzó con la aplicación de la ley sostuvo: “No es que no se hizo nada en estos casi diez años desde la sanción de la ley, pero hubo pocos avances. Hay distancia entre lo que debió hacerse y se hizo”, reconoció el funcionario, y justificó la “lentitud” de las mejoras en la atención de la salud mental, entre otras cosas, a problemas culturales.

“No se ha avanzado con la celeridad que hemos querido: se trata de una transición muy compleja porque requiere un cambio cultural. La sociedad ha contribuido a la estigmatización, a asociar al paciente de un hospital psiquiátrico con la locura, el encierro, el peligro, y los medios de comunicación tienen un rol importante para lograr que esto cambie”, dijo Grasso.

Luego se lo consultó sobre el presupuesto que cuenta al área de Salud Mental para cumplir con la reconversión del sistema de salud mental, y Grasso respondió: “Poco. No tengo los números acá, pero Salud Mental recibe aproximadamente un 2 % del total del presupuesto de Salud, tiene que incrementarse”.

Sin embargo, a diez años de la aprobación de la ley, no sólo no han invertido en construir las redes comunitarias, sino que los problemas edilicios y la precariedad en la que trabajan los profesionales de la salud (algo transversal a toda la atención pública), se ha profundizado a través de los distintos gobiernos, que considera al enfermo mental como algo descartable. ¿A quién le importa las personas a las que no se puede explotar su fuerza de trabajo por sus padecimientos psíquicos?

La atención médica y de calidad implica tener profesionales de todas las áreas: enfermeros, psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, que perciban un salario equivalente a la canasta básica familiar. En cambio la realidad es muy distinta.

Los hospitales generales, así como los monovalentes, son sostenidos por profesionales ad honórem. Otros están precarizados, y muchos son despedidos, como continúa ocurriendo en el Hospital Posadas. Con la consecuencia de que este centro de salud se quedó sin el servicio de cirugía cardiovascular infantil, y con la mitad de camas en la terapia intensiva pediátrica, por falta de profesionales.

Los hospitales públicos no se deben cerrar

Cerrar los monovalentes es perder los espacios de atención pública, sin solucionar los problemas de fondo. Hay que defender el sistema de salud pública, porque son indispensables para la atención de las personas que no tienen obra social ni recursos para atenderse en el sistema privado. Hoy, según la Universidad Católica Argentina (UCA), casi el 50 % de trabajadores están precarizados, la mayoría no cuenta con una obra social, y más de un 10 % de las manos disponibles, están desocupadas. Cerrar los monovalentes implica, además, aumentar la desocupación.

Hoy el sistema sanitario público está vaciado, desfinanciado y no da respuesta a las necesidades reales de la población.

Reconvertir los monovalentes en hospitales generales, significa que continúen trabajando los profesionales especializados en salud mental, que son los que hoy sostiene el sistema público. Desmanicomializar implica, también, que los profesionales ad honórem o con contratos precarizados pasen a planta permanente, es decir que perciban un salario.

Además, no basta con cerrar el manicomio para superar la lógica manicomial. Lo que hay que transformar, además, es la formación profesional de psicólogos y psiquiatras, que aún tienen bibliografía manicomial. Basta repasar los contenidos de cátedras, como la de psicopatología de la facultad de psicología de la UBA, que consideran que las personas transexuales debería tratarselas como una psicosis.

Promover la transformación de los monovalentes a polivalentes es, ciertamente, porque la internación en los hospitales generales es mucho menos estigmatizante de la que se realiza en un hospital psiquiátrico, que además termina internados por un largo periodo y cronificados.

Si además de esto se establecen estructuras intermedias con diverso nivel de atención, en la que funcionen centros de atención primaria, hospitales de día, casas de medio camino, talleres laborales, entre otros dispositivos, evitarían la cronificación de un importante porcentajes de pacientes, y entre otras cosas, sería menos costosas, como sostiene también la OMS desde el 2001.

Muchas pacientes llevan años internados en los monovalentes, no porque no puedan ser externados, sino problemas sociales y habitacionales.

Sin una cobertura pública, los pacientes con trastornos mentales serían abandonados en las calles. Hoy muchos de ellos son rechazados en las guardias de hospitales

generales. La falta de atención agrava sus padecimientos, y muchas veces terminan encerrados en cárceles.

A fines del 2017, el gobierno intentó promulgar una nueva reglamentación de la Ley de Salud Mental, que era aún más excluyente para los pacientes y los profesionales especializados. Clausuraba el trabajo interdisciplinarios y devolvía el privilegio de la hegemonía a la corporación psiquiátrica.

Una gran movilización rechazó la nueva reglamentación y el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Cientos de profesionales, organizaciones sociales, de derechos humanos y académicas, repudiaron ese intento.

Más allá que el Gobierno, en la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, retrocedió en su resolución, aún hoy destina el 2 % del presupuesto total de salud a la salud mental.

Ningún derecho se conquista sin una gran movilización que arranque el presupuesto para la salud pública que otorgue la atención de los pacientes y que todos los profesionales perciban un salario.

Foto/Noelia Pirsic



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