Santa Fe no está “blindada” ante la crisis

0
122


Miles pierden su empleo, otros ven deteriorarse sus condiciones laborales. Pero lo peor aún no llegó: la crisis acumulada se empezará a sentir con fuerza en septiembre. La disparada del dólar y los nuevos anuncios macristas auguran una multiplicación de esas penurias. Los trabajadores y la juventud necesitamos luchar por un programa propio frente al saqueo. La pelea es hoy.

La industria en picada

En junio, la producción industrial regional cayó 8,1% comparado a igual mes de 2017. En mayo ya había caído 3,4%, constituyendo la mayor baja desde octubre de 2016. Los sectores más afectados son refinación de petróleo (19.9%), automotriz (11.8%), plásticos (11.1%), metalmecánica (10.9%) y textil (10.8%).

Los cierres se produjeron especialmente en la pequeña y microindustria. En el primer mes de 2018 se registró en la provincia un 4% menos de empresas manufactureras en funcionamiento. Las microempresas se redujeron un 5,6% interanual, las pequeñas un 2,1%, y las medianas un 0,5%. Esto se explica, en parte, por la apertura de importaciones que crecieron un 62.3% en el último año, mientras que las exportaciones aumentaron sólo un 0.2% en los primeros meses de 2018. Otro de los factores es el aumento de costos de la cadena productiva, debido a los aumentos de tarifas y a un incremento del 41,9% de los precios mayoristas asociado especialmente a la creciente devaluación del peso.

Dentro del espectro industrial, la rama más afectada es la metalúrgica, con al menos 660 despidos, concretados por las empresas Bambi, Mefro Wheels, Electrolux, Metalkrom de Rosario, Nesagio de Ceres, Modelar de Arroyito, Vasalli de Firmat y PadMet de Reconquista. El derrumbe es particularmente evidente en la llamada “línea blanca” que produce en Rosario el 90% de las heladeras nacionales. Aquí se vio una caída del 11% en heladeras y 63% en freezers en abril de 2018 frente a igual mes del año anterior, en tanto que la entrada por importación de línea blanca creció un 108%. El sector experimenta también problemas asociados a la devaluación ya que el 50% de los componentes provienen de Asia, Brasil y China.

En este escenario, los dueños de estas PyMEs aparecieron, “enfrentados” al gobierno nacional, embanderándose en la “defensa del mercado interno” para peticionar al Estado un régimen especial para sus empresas. Este sector de empresarios “nacionales” es en el que buscan apoyarse el PJ (en todas sus variantes) y el Partido Socialista. Las propuestas de la centroizquierda de Ciudad Futura o el Frente Social y Popular, de hacer alianzas con estos partidos y sectores patronales no es un error. Es la renuncia explícita a todo programa a favor de las masas trabajadoras, en aras de defender los intereses de algún burgués “nacional” mercadointernista. Una política que para los trabajadores, es un suicido: en las pequeñas y medianas empresas es donde existe mayor flexibilización laboral, precariedad e incluso evasión impositiva las medidas que solicitan implican avanzar sobre derechos laborales y aumentar las ganancias a costa de una mayor explotación. Veamos.

Receta empresaria: despidos, empleo en negro y trabajo informal

En los primeros seis meses de este año se contabilizaron la misma cantidad de despidos que en todo 2017. Se estima que en el sector industrial se perdieron hasta junio 3.245 empleos (en el sector público se estiman 342 despidos). Para el primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo llegó al 9,2 en la región Gran Rosario (casi dos puntos más que el último trimestre de 2017) y a 6,7 en el Gran Santa Fe, más del doble que en la medición previa. Pero según los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, existe en la región un incremento del 0.71% en la cantidad de puestos de trabajo en los últimos 3 años. Este supuesto incremento, esconde uno de los principales mecanismos empresarios a la hora de disminuir costos: la precarización laboral.

Según datos de Clarín y La Nación, 6 de cada 10 empleos creados en 2017 fueron en negro. El INDEC sostiene que durante el primer trimestre de 2018 la tasa de empleo sin aportes jubilatorios (trabajadores en negro, monotributistas o eventuales) en la región del “Gran Rosario” llegó a 34,3%, aumentando casi 3 puntos respecto al trimestre anterior. Los empleos registrados, en blanco, se recambian por trabajos en negro o fuera de convenio, bajando los costos de las empresas, aumentando las ganancias (disminución en el gasto en cargas sociales, ahorros en ítems como antigüedad o aguinaldo y la posibilidad de despedir sin indemnización) y descargando el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Sobra mes a fin de sueldo

Para los trabajadores y sus familias, esas recetas patronales significan un franco empeoramiento de sus condiciones de vida. Cada vez más personas se encuentren por debajo de la línea de pobreza, y quienes están por encima de este nivel ven disminuida su capacidad de consumo por la aceleración de la inflación. En 2018 el poder de compra del salario promedio de un trabajador registrado en la provincia sufrió una importante caída. Esta situación se repite para jubilaciones y planes sociales, cuyos aumentos nominales fueron ampliamente superados por el aumento de precios de los productos de primera necesidad que en el último año se ubicó en un 39,14%. Y esto, antes de las nuevas corridas cambiarias de la última semana que llevaron a que el dólar supere los $40.

La “unidad doméstica” (el grupo familiar que subsiste con los mismos ingresos) se ve obligada a compensar esta caída empujando a sus integrantes a trabajos precarios o informales y aumentando la carga sobre mujeres y niñxs de las “tareas de reproducción” (cuidado de infantes y ancianos, atención de enfermos, etc.) junto a una presión hacia la sobrepoblación doméstica como forma de reducir costos de alquiler unificando familias en una misma vivienda.Sumado a esto, la informalidad laboral lleva a una degradación del acceso a los servicios básicos, esencialmente de salud, ya que la pérdida de empleo formal excluye de la cobertura brindada por obras sociales o prepagas, volcándose al sector público.

Los ganadores de siempre

Las patronales del campo festejaron con bombos y platillos la asunción de Mauricio Macri. La baja de retenciones, la devaluación del peso y la liberalización del intercambio de divisas favorecieron enormemente a los empresarios del llamado agropower. La reciente corrida cambiaria que descontroló al dólar no es ajena a la especulación de estos sectores, que exactamente al revés que el pueblo trabajador, festeja cada centavo de suba en el billete verde.

El complejo agroindustrial exportador de nuestra región es uno de los principales generadores de divisas, es decir, esos dólares que escasean porque se los fugan. Representado centralmente por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), participó en 2017 con el 44,8% (u$s 26 mil millones) del total de las exportaciones del país. El complejo oleaginoso aportó en 2017 el 31,7% (u$s 18,5 mil millones) del total vendido al exterior por el país. Algo así como 13 presupuestos universitarios nacionales.

El club de la obra pública y una provincia para pocos

La obra pública, que fue un motor económico y de empleo en 2017 por ser año electoral, se desaceleró este año rápidamente y todo parece agravarse mucho por las dificultades económicas y financieras a nivel nacional, las exigencias del FMI, la corrida del dólar y el escándalo de los cuadernos.

Previo a estas novedades, el gobierno nacional había recortado, del Presupuesto 2018, 1.660 millones de pesos en obra pública para Santa Fe. Esto implicaba un recorte del 30% que afecta a 37 de 128 obras, 11 proyectos de jardines de infantes, los costos de electricidad en un 50%, quita del subsidio nacional para el transporte público (54% del valor del boleto) con lo que el costo teórico del boleto de colectivo ascendería a $24,48.

A este problema se le suma la negociación, trabada y probablemente hoy absolutamente fracasada, sobre la deuda de Nación con Santa Fe que ofrecía cancelar $31.900 millones en bonos, más $54 mil millones en obras.Además, se planifica eliminar las transferencias nacionales para el incentivo docente, que representa $2.240 para cada docente con dos cargos y un impacto salarial entre el 6% y el 10% del salario de bolsillo.

Pero todos estos problemas, vistos desde hoy, parecen una simple tormenta pasajera. Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno se suman a la eliminación del llamado “Fondo Sojero”, que destinaba un 30% de lo recaudado en retenciones a la soja y un 27% de las retenciones a harina y aceite de soja, a provincias y municipios. La eliminación de este fondo, que implica una parte importante del financiamiento de las provincias y del dinero disponible para obra pública, significan 1.232 millones de pesos menos para este año y 2.500 millones de pesos menos para 2019.

Esto significa que 48 Municipios y 321 Comunas pueden entrar en una virtual quiebra ya que se achican brutalmente sus ingresos y aumentan sus gastos, no solo por el aumento del dólar, sino por la creciente demanda social. Por poner sólo un ejemplo, podemos señalar que actualmente la provincia provee 418.255 copas de leche (desayuno y merienda) y 166.381 raciones diarias de almuerzos en los comedores escolares, aunque como denuncian docentes y asistentes escolares de AMSAFE y ATE estas a veces no llegan, siempre son escasas, y su calidad son un verdadero insulto denigrante.

Las últimas medidas del gobierno, podrían elevar el boleto 8 pesos más, adelantar el aumento de servicios, mientras ya está confirmada la eliminación de la tarifa social, como mínimo, a 210 mil usuarios santafesinos. Diferentes asociaciones advierten que los aumentos de gas podrían llegar al 160%.

Una salida para la clase trabajadora y la juventud

Cuando los y las referentes del PTS en el Frente de Izquierda como Nicolás Del Caño, Myriam Bregman u Octavio Crivaro dicen que la clase trabajadora y la juventud necesitan luchar por un programa propio frente al saqueo, partiendo del no pago de la sangría nacional llamada deuda externa, señalan la necesidad de contraponer una salida propia, anticapitalista, a la de los partidos tradicionales y los empresarios, algo que la centroizquierda se niega a hacer.

Una salida de emergencia que parta de la prohibición de todo despido y reincorporación inmediata de los despedidos hasta ahora. En segundo lugar, abrir los libros de contabilidad de esos empresarios “se la llevaron en pala” para ver qué hicieron con todas las ganancias de años y años de nuestra esclavitud. Las empresas que estén en crisis y cierren, deben ser estatizadas y puestas a producir bajo la gestión de sus trabajadores para garantizar el empleo. El estado debe garantizar créditos a tasa cero para estas “empresas recuperadas” y otorgar créditos baratos también a pequeños comerciantes y productores familiares.

Para frenar el flagelo de la precarización y el trabajo en negro, es necesario luchar contra cualquier intento de reforma laboral y que ya se aplica en algunas ramas y empresas con la complicidad sindical. Hay que terminar con el trabajo basura, pasando a planta permanente a todos, sean del sector público o privado, y con la estafa de las tercerizadas: todo trabajador tiene que pasar al mejor convenio existente en la empresa o establecimiento. También es urgente la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin baja salarial y con un mínimo que cubra la canasta familiar, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados.

Para evitar que nuestros salarios se sigan evaporando con la inflación, desde cada uno de los sindicatos se debe luchar por la reapertura inmediata de las paritarias hasta conquistar un salario mínimo igual a la canasta familiar que recupere todo lo perdido en estos años, con una cláusula gatillo trimestral.

Nuestros jubilados y quienes hoy no tienen trabajo son parte de nuestra clase y merecen una vida digna. Es necesario anular la reforma previsional que disminuyó los haberes de los jubilados y los beneficiarios de AUH, exigir el 82 % móvil para todos, con un haber mínimo que cubra la canasta básica del jubilado.

La vida precaria a la que se condena al pueblo trabajador, en barrios alejados y sin servicios básicos puede y debe acabarse mediante una reforma urbana integral que comience por un plan de obras públicas, infraestructura y viviendas solventado con impuestos progresivos a las grandes fortunas, permitiendo además la creación de miles de nuevos puestos de trabajo bajo gestión de los trabajadores y las organizaciones barriales populares, los únicos que tenemos las manos limpias de toda corrupción.

Y la plata está. Miles de millones de dólares son fugados por los puertos privados. Es una necesidad primordial terminar con el monopolio privado de los ríos, los puertos y las tierras productivas, para administrar las divisas generadas por las exportaciones en función de las necesidades de los trabajadores y el pueblo, y no de las ganancias de los pulpos multinacionales y los terratenientes.

Construir agrupaciones estudiantiles y obreras en cada lugar de estudio y trabajo con un programa independiente como este es urgente. La fuerza para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores existe. Hay que organizarla con la misma velocidad y valentía con la que ellos nos atacan. Porque son ellos, o nosotrxs.



Source link