Según Garavano, el Código Penal propondrá la "despenalización amplia" del aborto

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El ministro de Justicia Germán Garavano habló esta mañana con radio La Red y sostuvo que “intentarán” que la reforma ingrese al Congreso antes de fin de año.

En comunicación con el periodista Luis Novaresio, el ministro de Justicia Germán Garavano habló esta mañana sobre el derecho al aborto. Fue luego que trascendiera el gesto de la Conferencia Episcopal Argentina hacia el gobierno nacional y la oposición del PJ: una devolución de favores tras el rechazo del Senado al proyecto que proponía su legalización, asumiendo tentativas para renunciar a una parte del financiamiento que recibe por parte del Estado.

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En ese marco, entrevistado por Radio la Red, Garavano manifestó que “antes de fin de año intentaremos que se trate el proyecto de Código Penal con la despenalización amplia”, en referencia a la propuesta que realizaría el Poder Ejecutivo, en el marco de la reforma de ese Código que data de 1921. Como trascendió hace unos días, sin embargo, Mauricio Macri decidió aplazar nuevamente esa presentación que estaba prevista para el 21 de agosto pasado.

Hasta ahora, ni Macri ni Garavano confirmaron fecha cierta para el envío del proyecto de reforma del Código Penal, pero las declaraciones del ministro confirman los rumores: aunque genera debate interno, las propuestas en danza alrededor de la despenalización del aborto son absolutamente limitadas y distan enormemente de la iniciativa presentada siete veces consecutivas por la Campaña Nacional por el derecho al aborto.

El dato también fue sugerido hace algunos días por el periodista Mariano Obarrio, un cronista con cartera en el bloque oficialista de la Cámara alta, que hoy también afirmó desde su cuenta en Twitter que “el Congreso determinó el 8A que el aborto sigue siendo delito”. Lo hacía para alentar la persecución judicial de quienes promueven el acceso a este derecho a través de fármacos reconocidos por la propia ANMAT, como el misoprostol y la mifepristona. “Un fiscal debería investigar si promocionarlo públicamente no es delito y hacer cesar este delito”, sostuvo, y agregó que “dijeron por 6 meses que el aborto clandestino mata y lo promueven. No se entiende”.

Las reaccionarias declaraciones del periodista amigo de Cambiemos son parte de la campaña de demonización con la que se intenta responder a la lucha de las mujeres por este derecho elemental. Así se vio también pocos días después del rechazo del Senado, cuando los hogares de un grupo de mujeres de Tierra del Fuego fueron allanados por orden judicial, bajo la acusación de “apología al aborto”. En busca elementos vinculados a la lucha por este derecho, como pañuelos, cámaras y pinturas, policías de delitos complejos llegaron hasta sus domicilios en autos particulares y policiales con sirenas.

A esta política se sumó, entre otras, la decisión de la Gobernadora María Eugenia Vidal de despedir a la responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Región V, Estela Sánchez. Una medida que demuestra el desprecio que sienten por las mujeres quienes estuvieron a la cabeza de propiciar el rechazo a la ley por parte del Senado, en nombre de la llamada “defensa de las dos vidas”.

Desde ese día a esta parte, en la misma región sanitaria en la que trabajaba Sánchez, murieron al menos dos mujeres por la criminalización que impone un Código Penal que las persigue con ideologías reaccionarias, que tienen casi un siglo. Mientras la Provincia de Buenos Aires sigue sin contar con un protocolo de atención para los abortos no punibles, por las “profundas convicciones” que mantuvieron el gobierno anterior como el actual, las mujeres siguen encontrándose obligadas a acceder a la interrupción del embarazo en la clandestinidad. Por esos mismos motivos, como trascendió esta semana en Córdoba y Santa Fe, las mujeres siguen sufriendo también las consecuencias de la penalización sobre su cuerpo y su salud.

Se trata, siempre, de muertes y enfermedades evitables, en su mayoría de mujeres jóvenes y pobres. Esa es la verdadera cara de las alianzas que hace ya 13 años impiden que se legalice el aborto en Argentina. Las operaciones políticas, las maniobras y las responsabilidad sobre esta situación han quedado claras para millones de personas, que vieron al antidemocrático Senado y a la jerarquía de la Iglesia desarrollar su campaña con el apoyo del periodismo amigo, los gobernadores, los funcionarios y políticos del oficialismo y de la oposición clerical, contra este derecho elemental.

Como dejó planteado el movimiento de mujeres, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y por la inmediata separación de la Iglesia del Estado, tiene carácter urgente.



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