Servicios públicos y tarifazos: ¿por qué cada día pagamos más si funcionan cada vez peor?

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¿Negocios privados o derechos básicos? Anulación de los tarifazos y renacionalización bajo gestión de trabajadores y usuarios: la única salida es la que plantea la izquierda.

“Si tenés plata para pagar internet cada vez más caro, ¿por qué no pagarías más por el gas y el agua? La gente no tiene claras las prioridades…”. Así respondía un laburante a otro en el bondi, ante la queja de su compañero por los tarifazos que impulsaba Cambiemos al comienzo de su gestión.

El argumento de este trabajador hace eje en la decisión de cada uno de nosotros, como si hablara de gastos entre los que se puede elegir. Pero ¿se puede optar libremente? ¿No estamos obligados por las necesidades vitales a consumir estos servicios? ¿No corren riesgo nuestras vidas, y las de nuestras familias, cuando nos vemos obligados a sacrificar el acceso a algún servicio por no tener el dinero suficiente para pagar las tarifas?

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Hay hogares que todavía acceden al tendido eléctrico o de gas porque pagan en cuotas o se endeudan. Pero hay otros que ya se quedaron sin acceso. Familias enteras se desconectan de la luz o compran garrafas y afrontan una situación muy precaria por no poder pagar.

Son otros, funcionarios políticos y empresarios, quienes definen las prioridades por nosotros porque deciden comercializar la energía o el transporte a un un costo tan alto que se vuelve imposible prender la estufa, el calefón, o viajar varias veces al día para poder ir a trabajar o estudiar.

¿Los servicios públicos deben ser un negocio privado o un derecho básico? ¿Tiene que haber empresas que ganen plata con la prestación o simplemente deben ser administrados de manera tal que toda la población pueda acceder a ellos por igual?

¿Qué está primero, nuestras vidas o sus ganancias?

Un apagón nacional dejó a millones de personas sin electricidad durante un día casi entero, el último día del padre. Juan, un paciente con ELA electrodependiente, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Murió días después, tal como relató su hijo en este diario. Sergio Zacaríaz, de 52 años, murió de frío en una vereda a metros de Puerto Madero, una de las zonas más ostentosas de la Capital Federal. Axel Rivero murió intoxicado por monóxido de carbono en Merlo, porque quiso calefaccionar su casa con carbón. Tenía 17 años. ¿Seguimos?

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Los tarifazos solo aumentaron las ganancias de las empresas que explotan los servicios privatizados. El agua, el gas, la luz y el transporte son nichos de ganancia capitalista y como todo negocio, el que no tiene plata se queda sin acceso. Lucran con nuestras vidas que se volvieron más precarias, a pesar de que cada vez pagamos más, hasta el punto de causarnos la muerte.

¿Cómo llegamos a esta situación?

Durante los noventa, a tono con el avance neoliberal, el gobierno de Carlos Menem aprobó la Ley de Reforma del Estado que implicó la privatización de todos los servicios públicos: transporte, telecomunicaciones, correo, agua, luz, gas. Las empresas estatales que los brindaban hasta entonces, fueron vendidas a un precio muy barato. A las privadas que se quedaron con las concesiones para explotarlos, se les permitió dolarizar las tarifas e indexarlas a la inflación de Estados Unidos.

El gobierno de Menem terminó pero el negocio siguió. En 2002, luego de la enorme crisis social del 2001, las tarifas de los servicios públicos se pesificaron de nuevo y congelaron, pero los empresarios no perdieron. Lo que no ganaron con la dolarización, lo obtuvieron de los subsidios que les entregaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Entre los años 2004 y 2015, el Estado entregó 162 mil millones de dólares en subsidios a las privatizadas. Además, como forma de asegurarles un negocio redondo, tuvieron vía libre para llevarse toda la ganancia y no invertir un peso en mejorar el tendido de luz, gas, ni la frecuencia y calidad del transporte.

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Lo que pasó en los últimos años es más conocido. El gobierno de Mauricio Macri volvió a dolarizar las tarifas y en los últimos tres años produjo un incremento de las mismas que superó el 2300 %.

Fracaso provocado

La privatización de los servicios públicos tuvo como trasfondo una campaña que instaló la idea de que el Estado era incapaz de garantizarlos con calidad. La idea de un aparato estatal lento e ineficiente, fue la base que sirvió para que las empresas que presionaban, tuvieran legitimidad para quedarse con un gran negocio.

La realidad es que el mal funcionamiento de las empresas de servicios estatales fue provocado. Desde el gobierno de Alfonsín en los 80, venían siendo vaciadas y saqueadas, para preparar el camino y generar clima para la privatización. Sin ir más lejos, fue Rodolfo Terragno, ministro de obras públicas de Alfonsín, el primero que intentó privatizar los servicios.

Décadas después está muy claro que los privados tampoco brindan servicios de calidad, sino todo lo contrario: pagamos cada vez más y sufrimos los mismos problemas de siempre y peores, como se vio las últimas semanas de apagones y muertes por el frío.

Ni privados ni estatales: nacionalizados bajo control de trabajadores y usuarios

La lucha contra los tarifazos que padece el pueblo trabajador, es uno de los principales ejes de la campaña del Frente de Izquierda Unidad. La fuerza que lleva a Nicolás del Caño y a Romina del Pla en su fórmula presidencial, es la única que no solo propone anular los tarifazos, sino invertir las prioridades: que los servicios públicos sean derechos garantizados para toda la población por igual y no un negocio que genere lucro para nadie. Que nadie se quede sin luz o gas por no poder pagar.

Para que esto sea viable, la propuesta es que los servicios sean nuevamente nacionalizados, sacar a las empresas privadas y su sed de ganancias del medio. Pero con esto solo no alcanza para asegurar un funcionamiento eficaz. Mientras funcionaron bajo control estatal, las empresas de servicios se convirtieron en fuente para negociados y corrupción de funcionarios políticos.

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Por esto es necesario el control de los trabajadores de la energía y el transporte, que son quienes realmente saben cómo funcionan las cosas, que tienen la capacidad y el conocimiento técnico para hacerlos funcionar correctamente. Además, la planificación para brindar y distribuir los servicios, requiere del control de comités de usuarios organizados por zonas y barrios, para que la prioridad efectivamente sean las necesidades de la población que los necesita para vivir cómodamente.

Esta es la única salida realista para resolver el problema de la desigualdad en el acceso a servicios básicos. Para que nadie tenga derecho a hacer plata con nuestros derechos y dejemos de ser víctimas del crimen que significa lucrar a costa de nuestras vidas.



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