Stanley deberá explicar la firma de convenio con antiderechos

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Un grupo de diputados presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social explique y justifique por qué firmó un convenio para financiar una línea telefónica con organizaciones antiderechos.

Días atrás sectores autodenominados provida anunciaron con bombos y platillos un convenio por el cual el Estado Nacional les financiaría, con una partida de 1.430.000 pesos, una línea 0800 para atender a mujeres con “embarazos vulnerables”.

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La manera discrecional en la que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, dirigido por Carolina Stanley, firmó el convenio originó que desde la Cámara de Diputados se presentaran algunos proyectos de resolución para que el Ejecutivo informe los fundamentos que desembocaron en la firma de este acuerdo.

El pedido de informe elaborado por la diputada Mónica Macha, lleva las firmas, entre otros, de los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra.

Lo que los diputados firmantes están solicitando es que el Ministerio explique cómo justifica que una organización que claramente está en contra de garantizar el derecho básico de interrumpir legalmente un embarazo, pueda intervenir mediante una línea gratuita (financiada por el propio Estado) en políticas públicas por fuera de los equipos profesionales y programas con los que ya cuenta el sistema de salud.

Por eso solicitan informen el modo de selección y licitación utilizada para el otorgamiento de esta partida de dinero que saldrá de fondos públicos. Por qué la organización “Vida en Familia” que es una ONG que difunde públicamente argumentos alejados totalmente de los derechos sexuales y reproductivos firma el convenio.

En la misma línea está ACIERA, una organización de iglesias evangélicas cuya postura en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral es pública y conocida.

La firma de este convenio nada tiene de casual ni de altruismo. Si hay algo que tienen tanto la iglesia católica como la evangélica es dinero para sostener, no solo una línea gratuita, también campañas como las que hicieron el año pasado durante el debate en el Congreso por la legalización del aborto.

Esta línea es la combinación perfecta para la política que despliegan estos sectores en las provincias, dónde cuentan con el apoyo y hasta el brazo ejecutor de los gobiernos de turno, como el de Juan Manzur en Tucumán o el de Gerardo Morales en Jujuy.

De modo que el mensaje es claro, demostrar el poder y la injerencia que tienen las jerarquías de ambas iglesias en el Estado.

Pero ese poder es mucho más peligroso que una línea telefónica. Es tan fuerte que permitió que se torturara a una niña violada de 11 años, impidiéndole acceder a la ILE de acuerdo a lo que establece la ley.

Y mucho más poderoso si actúa con la complicidad de gobiernos de turno y el aparato judicial. Como quedó demostrado con la presentación de la denuncia por homicidio en contra del médico que le practicó la cesárea a la niña.

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La multitudinaria marcha del 8 de marzo dejó en evidencia que la lucha por el aborto legal sigue en pie y que el movimiento de mujeres no quiere transformarse en moneda de cambio para los gobiernos o los partidos mayoritarios que, en un año electoral, no dudan en formar alianzas con dirigentes nefastos, a sumar pañuelos verdes o celestes, como si fuera un simple tema cromático. Estos dirigentes van mucho más allá, están presionando para que estos derechos democráticos elementales pasen a la lista de espera en pos de luchas “más arman importantes”.



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