Traidores II: rectores avalan el recorte Dujovne-Lagarde en salarios y presupuesto

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Luego de la traición de Conadu a los docentes universitarios, con los rectores volvemos a perder en 2019. Se necesita un aumento de emergencia del presupuesto de $ 25.000 millones solo este año. Sobran los motivos para volver a las calles con el movimiento estudiantil.

Los rectores de las 57 universidades públicas nacionales decidieron el martes pasado

solicitar un presupuesto de 143.323.149.019 pesos para el año 2019.

Se trata de una cifra muy similar a la presentada en el proyecto de presupuesto nacional 2019 que asciende a $ 144.736 millones.

Aclararon en la reunión del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que “deberán sumarse” los montos que sean parte de las “cláusulas de revisión” de empleados.

Aclaramos que si bien la actualización presupuestaria según dicen los rectores en un comunicado contempla una inflación del 42 % este año para lo que son partidas de funcionamiento e infraestructura; sin embargo, no se aplica igual criterio al considerar los salarios de los docentes y no docentes.

Recordemos que la paritaria que cerró el gobierno nacional gracias a la colaboración de la Conadu que dirige el kirchnerista, Carlos De Feo, implica una pérdida cercana al 20% del poder adquisitivo del salario de los docentes.

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Siendo los más afectados, aquellos que representan el 65 % de los cargos en las universidades del país, que tienen una dedicación simple y cobran cerca de 5.500 pesos en promedio.

Igual destino corre el conjunto del presupuesto universitario que frente a la inflación anual del 42 % perdería un 20 % este año según cálculos propios. Sin embargo, esta cifra puede quedarse corta, cuando hay consultoras que estiman una inflación entre 45 y 50 por ciento hasta diciembre.

Con el presupuesto 2019 que solicita el CIN, ¿Se recupera lo perdido en 2018?

En realidad para recuperar el 20 % que al menos se perdería por la inflación este año, debería darse un aumento de emergencia ahora de $ 25.000 millones.

Esta cifra equivale a 625 millones de dólares que en menos de una semana el BCRA viene entregando a los buitres de la fuga de capitales. Una ganga.

Si consideramos que el presupuesto devengado en 2018 alcanzaría los 98.573 millones de pesos, esta suma de emergencia llevaría el presupuesto a $123.973 millones.

Respecto del presupuesto solicitado para 2019 por los rectores, la diferencia es de $ 19.350.019, lo cual representa un incremento del 16 %.

Con una inflación para 2019 de 23 % según el proyecto de presupuesto nacional presentado por el ministro Dujovne y que contempla el déficit cero que exige el FMI, estaríamos perdiendo nuevamente el poder adquisitivo del presupuesto para el año próximo.

En línea con el ajuste pedido por los rectores, el conjunto de las partidas destinadas a educación y cultura del proyecto de presupuesto Dujovne-Lagarde que entró al Congreso y, que cuenta con el aval de del gobierno nacional y de los gobernadores del PJ, contempla un aumento de tan solo un 22,3 por ciento.

¿Quién decide sobre el presupuesto?

Así como Macri asumió prometiendo “pobreza cero” y que las universidades iban a ser una herramienta para el desarrollo individual basado en el mérito; ninguno de los legisladores nacionales, llegó a su banca planteando que iban a realizar un ajuste brutal con el “déficit cero” para calmar la sed de ganancias del capital financiero.

No pueden definir ellos el ajuste sobre millones. Como plantean los referentes del PTS-Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, hay que extender el llamado a las organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles democráticas para pelear con un plan de lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberna, donde con diputados electos cada 20.000 habitantes se pueda poner en discusión un plan alternativo y anticapitalista al ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores del PJ.

En el caso de las Universidades la elección de las autoridades está por detrás de la

democracia representativa. Ninguno de los rectores y decanos ocupan su cargo por el voto directo. Según el cual, en un sistema representativo, el voto de cada persona vale lo mismo.

En universidades donde rige la elección directa ponderada de las autoridades como es el caso de Jujuy, este año en las elecciones a rector, Rodolfo Tecchi, fue electo con el claustro estudiantil votando mayoritariamente en blanco.

El co-gobierno universitario basado en una especie de derecho del saber, descansa sobre el voto calificado, aquel que el mismo Alberdi cuestionara previo a la Ley Saenz Peña de 1912 en pleno auge del orden conservador.

Esta especie de derecho divino considera que el voto de un estudiante vale menos que el de un docente. De allí, que los estudiantes pese a ser una inmensa mayoría en las universidades argentinas, más de 1,5 millón de personas, tienen menor representación en el órgano de co-gobierno respecto de los profesores que son 183.908, apenas un 13 % respecto de los estudiantes, e incluso no todos los docentes pueden votar a las autoridades. También entre ellos hay privilegiados.

Esta fórmula política del “saber” lleva a que encontremos en la Universidad de Córdoba y como presidente del CIN, a rectores como Hugo Juri, ex ministro de Educación del gobierno de De la Rúa, que con el liberal Lopez Murphy intentó arancelar a la universidad y aplicó con Cavallo un plan de ajuste de déficit cero. O mercaderes como Juan Carlos Del Bello, secretario de Ciencia y Técnica de Menem, un abanderado en contra de la universidad pública, que llegó a su sillón de rector de la universidad de Río Negro durante el gobierno de Cristina Fernández.

Que la mayoría estudiantil conquiste plenos derechos

Con este personal al mando de la universidad, sin dudas, las palabras del manifiesto liminar de los reformistas de 1918, sigue teniendo plena vigencia.

Se trata de un “régimen anacrónico” en el cual funcionarios que responden a los partidos que históricamente han defendido los intereses de los dueños del país y que tienen ingresos de más de 200.000 pesos, deciden los destinos de las universidades nacionales. Toda una casta privilegiada.

En las Universidades el sistema de elección de autoridades está por detrás de la

democracia representativa. Ninguno de los rectores ocupa su cargo por el voto directo. Según el cual, en un sistema representativo, el voto de cada persona vale lo mismo.

Incluso a partir de la Ley de Educación Superior (1995) se habilitó a las universidades a gestionar sus propios recursos, a nivel general estos representan el equivalente a un 65 % del presupuesto público y, en el caso de la UBA, lo superan según el Anuario Universitario de 2013 (último disponible). Estos fondos provienen de acuerdos con empresas a cambios de servicios educativos que implican abrir la universidad a los negocios privados. De aquí que los rectores gozan del manejo discrecional de un botín.

Los aires democráticos de la marea verde en calles abrió el debate por el derecho al aborto. Hoy a 100 años de la reforma universitaria, comienzan a soplar de la mano de un movimiento estudiantil que se pone de pie en las universidades.

Es hora de enfrentar el ajuste con la participación directa de los estudiantes, conquistando la mayoría estudiantil en el co-gobierno, un claustro único de docentes y con voz y voto para los no docentes, para poder tallar en las decisiones vitales que hacen al devenir de la universidad. El prepuesto es una de ellas y no puede quedar en manos de los dinosaurios.



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