Tres de febrero: Cambiemos y la Dirección de Niñez y Adolescencia se toman vacaciones

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En el municipio la DNyA dejó de recibir del 30 de noviembre al 1 de marzo del próximo año los informes enviados por las escuelas públicas de situaciones de maltrato, violencia, intentos de suicidio etc siendo la única institución del distrito que por ley atiende estas problemáticas.

La DNyA depende de la Secretaria de Desarrollo Humano del municipio y su director actual es Lucas Javier Precioso.

Esta entidad es la única que recibe en Tres de Febrero los informes de las escuelas que, primero identifican las problemáticas y luego de trabajarlas con la familia y/o adultos referentes que los y las jóvenes elijan en las escuelas, los docentes deben presentar informes a esta dirección para que se trabaje de manera conjunta.

Nathalia Gonzalez Seligra denunció en twitter

Desde el 30 de noviembre la respuesta de esta dirección es: “Si consideran que es muy grave llamen al teléfono de emergencias pero no podemos recibirlas formalmente”.

Esta condición impuesta por Cambiemos solamente a las escuelas públicas no es casual.

Somos los y las docentes las que en constante relación con las familias de nuestros alumnos y alumnas intentamos sostener no solo la educación sino también luchar contra toda forma de discriminación, violencia y opresión.

Somos los que no solo enseñamos lengua y matemática, también acompañamos a juzgados, comisarias y hospitales. A

lgunas de nosotras no conformes con las insuficientes respuestas que el gobierno da, intentamos forjar una alianza entre familias, docentes y jóvenes para combatir las situaciones de miseria y opresión que produce y garantiza este sistema capitalista.

Los y las que trabajamos con estas problemáticas, sobre todo las y los docentes que se encuentran en los Equipos de Orientación Escolar (EOE), sabemos lo difícil que es hacerlo de forma conjunta con la Dirección de Niñez. Ya desde el gobierno de Hugo Curto, el presupuesto destinado era tan miserable que en el 2015 la DNyA contaba con un solo trabajador social para atender 7000 (siete mil) familias, con un sueldo que no llegaba a los 8 mil pesos y con contratos basura.

Al asumir el gobierno de Valenzuela, en el 2016 decidió adherir a la Ley 13298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los niños. Esta ley provincial está vigente desde el 2004 pero cada municipio puede elegir trabajar o no bajo dicha ley. Esa “libertad” es sinónimo de no priorizar la política de protección de los derechos del niño a nivel provincial, dejando librado a la suerte de los municipios y sus presupuestos dedicar o no fondos para la creación de Servicios Locales con profesionales psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etc. que den respuestas a las múltiples situaciones.

Hugo Curto se negó año tras año a su aprobación. La lavada de cara de la gestión de Valenzuela al adherir a la ley es sólo eso: pura demagogia. Es que no fue sinónimo de ampliar la atención para les niñez y adolescentes del distrito, por el contrario, se restringieron los criterios de lo que para el municipio significa “vulneración de derechos”, manifestando expresamente que si por ejemplo el problema es de no atención en el área de salud, las escuelas deberían resolver “el problema” en los hospitales.

Cabe recordar que Valenzuela despidió a principios del corriente año a decenas de trabajadoras sociales y psicólogas que trabajaban en los Centros de Atención Primaria (CAP) del Municipio, quedando de esta forma decenas de niñez, jóvenes y mujeres sin tratamiento.

Conseguir un turno para les adolescentes de las escuelas en el área de psicológica se vuelve utópico. Valenzuela además, de la mano de Silvia Marangoni, secretaria de Salud, implementó un sistema burocrático para la gestión de turnos que implica que las escuelas deban pasar por 4 filtros antes de que consideren un turno en salud mental. Para esta altura ya habrán pasado meses sin conocer a les jóvenes; y se trata de situaciones de abuso, maltrato, intentos de suicidio, algunos con diagnósticos de discapacidad.

A las familias que han querido gestionar turnos les han negado la posibilidad argumentando que debía realizarlo la escuela. Un absoluto desprecio a las familias trabajadoras que recurren a la atención pública para que sus hijes sean atendidos.

Vidal y Valenzuela militantes de hashtag de la violencia de género

No es novedad que la política pública de Valenzuela lejos esta de priorizar las necesidades de las familias y jóvenes de 3 de Febrero.

Vidal, su aliada en la provincia, ha conseguido aprobar con el quórum del kirchnerismo (incluido el de Unidad Ciudadana que lo dio a cambio de 4 puestos, 2 de ellos en el directorio del Banco Provincia) un presupuesto de hambre y miseria siguiendo la línea de la Ley de Presupuestos aprobado el pasado 24 de Noviembre en el Senado.

Valenzuela este fin de semana discutió en el Concejo Deliberante un presupuesto de 28 pesos por mujer para las víctimas de violencia de género. El discurso parece estar patas para arriba cuando vemos los tuits de Vidal sobre, por dar un ejemplo, la denuncia de Thelma Fardín, haciendo hincapié en que las mujeres deben animarse a denunciar toda forma de violencia de género.

Nada dijo de Sandra que falleció en las escuelas que ella debe arreglar, nada dijo de las despedidas de la fábrica SIAM reprimidas por la policía bonaerense por pelear por sus puestos de trabajo, ni de las empleadas de Nordelta que no llegan ni a $12 mil de salario y trabajan en negro, ni de Lucia Pérez y el fallo del juez que borra el crimen de femicidio y violación ¿Eso no es violencia de género Vidal?

Si vivís en 3 de Febrero, nada distinto ofrece Valenzuela, poco y nada podrá erradicar toda forma de violencia hacia la mujer con ese miserable prepuesto.

En la semana donde las denuncias por violencia de género se incrementaron a más del triple de las que se recibían y que, sin duda alguna, las escuelas son los primeros oídos de esas familias, logrando promover que se denuncie y se intente proteger los derechos de les niñez (la mayoría de las veces a través de los talleres y charlas que se realizan basadas en la Ley de Educación Sexual Integral); aparece la cínica idea de comunicarlas a través de un número de emergencia.

Frente a las políticas de ajuste y de violencia hacia los sectores más vulnerables se hace indispensable organizarnos desde las escuelas como lo hacemos desde Pan y Rosas, levantar comisiones de madres, alumnas y docentes, y pelear por acabar con la violencia, por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, por ESI en todas las escuelas y por derrotar el ajuste del gobierno.



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