Un nuevo femicidio a manos del Estado

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La decisión de los senadores que el miércoles pasado rechazaron la legalización del aborto, se cobró este martes la vida de una joven mamá del conurbano bonaerense. Tras una larga agonía, murió a consecuencia de la clandestinidad que refrendaron legisladores y legisladoras de todos los bloques, en nombre de “las dos vidas”.

La historia de Elizabeth es la de las cientos de mujeres cuyos nombres se convirtieron en frías estadísticas para quienes se oponen a este derecho elemental, cuyo reclamo lleva décadas: “no es suficiente”, “no es demasiado”, “salvemos las dos vidas”. Frases que condenan particularmente a las mas jóvenes y pobres, que cuando no quieren o no pueden convertirse en madres, por el motivo que sea, sólo consiguen acceder a la interrupción del embarazo en condiciones inseguras, con métodos inapropiados, sin los mínimos cuidados de salubridad o con información insuficiente. Lo sabemos todos: si este domingo el aborto hubiera sido legal, seguro y gratuito, Elizabeth estaría viva. Pero eso no importó.

Elizabeth ingresó desde su casa al Hospital Manuel Belgrano con un tallo de perejil que permanecía ubicado en el cuello del útero, que tuvieron que amputarle. Es una de las consecuencias que puede causar este método desesperado al que obliga la ilegalidad y la criminalización de la práctica. Lo expusieron especialistas de alto nivel que fueron invitados a las audiencias informativas de ambas Cámaras durante el debate en el Congreso, como Alberto Kornblihtt y Stella Maris Manzano, pero eso no importó.

Aunque en el hospital del municipio de San Martín, que gobierna el peronista Gabriel Katopodis, la operaron de urgencia, Elizabeth debió ser derivada al Hospital Villegas, en Pacheco, porque en la institución a la que llegó en grave estado no había servicios de terapia intensiva disponibles para ella. Lo anticiparon hasta las propias declaraciones del Ministro de Salud en su exposición en el Congreso, pero tampoco importó.

Femicidio de Estado

La muerte de Elizabeth es un nuevo femicidio a manos del Estado. Es la muerte de una mujer joven y pobre, por el sólo hecho de serlo: la otra cara del “alivio” que dijo sentir el miércoles pasado la gobernadora Vidal ante la votación del Senado. Siendo una de las más cercanas figuras al papa Bergoglio dentro de Cambiemos, Vidal estuvo a la cabeza de impulsar el rechazo que finalmente le garantizó al Vaticano el Senado de la Nación, con gestos y pleitesías de todos los bloques.

Ese día quedó claro que un reducto de tan sólo 72 senadores se arroga la representación de millones de personas, con un sólo fin: impedir que avance cualquier medida progresiva que imponga en las calles la movilización popular y trabar cualquier manifestación que tienda a cuestionar las bases de este régimen social. Eso fue lo que sucedió el pasado pasado 13J, cuando el movimiento de mujeres arrancó con su lucha la media sanción, después de siete presentaciones cajoneadas por la férrea negativa de los gobiernos kirchneristas.

Si hoy estamos contando con un nuevo crimen perpetrado contra las más jóvenes y pobres, con un nuevo feminicidio producto de la criminalización que garantiza el propio Estado, es justamente por ese entramado tejido entre acuerdos, maniobras y operaciones políticas por parte de los legisladores, los gobernadores y la jerarquía de las Iglesias.

El loby religioso, que encontró en comunión a la Conferencia Episcopal Argentina, a los curas villeros y a los pastores que integran las diversas instituciones evangélicas, se tradujo en una campaña sin igual para impedir que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Contaron para ello, como a lo largo de todos estos años, bajo todos los gobiernos, con el millonario financiamiento estatal. Con ese dinero, que proviene de los impuestos que pagamos todas y todos, el lema de “salvemos las dos vidas” se cobró ayer una nueva muerte de una mujer sin recursos y la orfandad de un niño de dos años de un barrio pobre bonaerense.

Con el cinismo que la caracteriza, la vicepresidenta Michetti volvió a darle contenido a esa política reaccionaria pocas horas después del fallecimiento de Elizabeth. “La respuesta del Estado es la prevención, no la consecuencia”, dijo. Un argumento con el que buscó justificar también que en la provincia de Buenos Aires siga sin aplicarse el protocolo de atención de los abortos no punibles, en casos de los que habla el Código Penal hace ya casi cien años.



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