Un regalo millonario para Edenor y Edesur

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En el marco de las exigencias del FMI, sacan de la órbita de Nación el control sobre Edenor y Edesur, con el plus de la condonación de una deuda de $ 7 mil millones que irían a una supuesta inversión en atención al cliente en vez de volver a los usuarios.

Recientemente, y mediante un decreto se firmó el traspaso del control y la regulación de la distribución eléctrica tanto de EDENOR como de EDESUR (que se encontraban bajo jurisdicción federal) a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eran las únicas empresas del rubro que se encontraban en esta condición, mientras el resto son controladas por cada provincia, lo que explica las diferencias de los cuadros tarifarios.

Una de las principales razones de este cambio es la exigencia del FMI de llegar al déficit primario cero; así, los subsidios de la tarifa social ya no figurarán en las cuentas de Nación, sino que serán sacadas de la caja provincial y del Gobierno de la Ciudad. Esto torna incierto el futuro de esos subsidios, ya que una de las pautas del traspaso es ponerle un techo tanto a la tarifa social como a la conexión a los barrios más pobres.

Este traspaso requería regularizar los números, entre ellos la friolera de $ 7 mil millones que deben las empresas en concepto de multas y préstamos. Según lo firmado en la concesión original, esta cifra debía ser distribuida entre los usuarios a modo de compensación por las fallas en el suministro. De haberse hecho eso, le correspondería un aproximado de $ 1692 a cada usuario de Edesur y $ 2565 para los usuarios de Edenor.

Pero en vez de que se cumpla con esta pauta, van a pasar esa cifra como inversiones a realizar en la mejora de atención al público, con un plazo de aplicación de 5 años.

Los ítems de la deuda

Esta deuda que las empresas tienen corresponde a multas del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) por falta de suministro, a préstamos para inversiones realizados por Cammesa (1) y a deuda por el pago de energía a aquella entidad. Esta deuda creció exponencialmente con la actualización de los últimos años. Para ser gráficos, es como si un almacén no le pagara la compra al mayorista, y a la vez le pidiera un préstamo para remodelar. Estas deudas tienen intereses bajos y se hacen cómodas refinanciaciones, que se van estirando en el tiempo.

El discurso de las empresas era que el congelamiento de tarifas que habían sufrido las afectaba en sus ganancias y cotización en bolsa, y por este supuesto se habilitaban los préstamos y subsidios. A pesar de que con los últimos aumentos de tarifas sus ganancias crecieron, no saldaron las deudas, e incluso las refinanciaron y se les permitió comprar sus propias acciones, elevando en parte su valor.

Parte de esta deuda que tiene las empresas debería ser cobrada por el Estado. Este traspaso pone en riesgo también más de 400 puestos de trabajos del ENRE, donde ya dijeron que se planifica una reducción de personal.

Permanentemente se denunció que empresas como Edenor, que aducía problemas económicos y que la falta de servicio era por las bajas tasas y costos altos, en la bolsa reportaba los mejores dividendos de la plaza en sus acciones.

Al poco tiempo de que el gobierno comenzara con la liberación de los precios y los tarifazos, quedaron en evidencia las ganancias de las empresas, que fueron imposibles de ocultar. En los balances del 2018 se vieron nuevamente los escandalosos números.

Edenor en su balance oficial reconoce que sus ingresos aumentaron en un 240 %. Hablamos de valores que superan los $ 3.250 millones de ganancias; lograron así una recategorización positiva de sus acciones en la bolsa.

Edesur, por su parte, con un margen de aumento del 200% en sus ingresos, registra una ganancias de $ 3.087 millones.

Esto no implicó una mejora sustancial del servicio, y a finales del último verano había más de 30 mil usuarios sin luz. A su vez las cooperativas, clubes de barrio y pequeños comercios se ven ahorcados por las desmesuradas facturas que llegan. Así lo denunciaron por ejemplo los trabajadores de MadyGraf, gráfica recuperada de la zona norte del conurbano bonaerense, a quienes les llegó una impagable factura de $ 1 millón.

Estos privilegios que les dieron a las empresas con los tarifazos y con los cómodos préstamos, solo son una continuidad de los beneficios que vienen obteniendo gobierno tras gobierno. Las empresas se quejan de un congelamiento de tarifas durante unos años, pero nada dicen de los subsidios abultados que recibían. Nunca se les pidió una rendición de cuentas que explique dónde fueron a parar los millones que recibieron, o dónde están las supuestas inversiones que realizaron.

Los nombres detrás de las empresas: capitalismo de amigos

Repasemos los nombres propios de este negocio. El amigo del presidente Nicolás Caputo es uno de los socios mayoritarios de Edesur -además de tener otros intereses en el sector- y ha sido beneficiado en licitaciones de obras millonarias en energía atómica por el gobierno. “Nicky” comparte acciones en distintas empresas de gas con Marcelo Mindlin, principal accionista de Pampa Energía, dueño de Edenor y otro amigo presidencial. Uno de los negocios compartidos es Petrobras Argentina. Por medio de distintas sociedades controlan gran parte de la energía de la Argentina y su distribución.

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Este manejo oligopólico de las empresas de servicios y de distintos concesionarios no es nuevo; pasó en el transporte automotor de pasajeros, donde las empresas cobraban por unidades que no estaban en funcionamiento, a la vez que desguazaban las empresas, y algo similar sucedía en el ferrocarril. Pasa también con las concesiones de las autopistas y rutas; muchas de las concesionarias cobran peaje por el supuesto mantenimiento, pero las obras grandes en ruta corren por cuenta de Vialidad Nacional.

Hay todo un sistema de corrupción estatal y de negocios entre amigos que se incrementó con el gobierno de los CEOs, ya que muchos de los que fueron gerentes de las empresas privadas hoy son funcionarios del Estado. El propio armador de este traspaso fue Juan Antonio Garade, secretario de Recursos Renovables, que fue ejecutivo de Edenor del 92 al 98 y de Edesur del 2001 al 2012. Uno de sus predecesores en el área de energía del Gobierno fue nada más ni nada menos que Juan José Aranguren, exCEO de Shell Argentina y empleado estrella de la firma anglo holandesa durante décadas.

La cuestión de fondo, que ningún partido tradicional va a mencionar o combatir porque son parte del negocio, es que los servicios ante todo son servicios públicos y tiene un rol social y productivo, que lejos debería de estar del lucro empresarial.

Por estos motivos es que desde el Frente de Izquierda proponemos la nacionalización de todo el sistema energético, desde la extracción de gas y petróleo hasta el trasporte y la distribución final a los hogares, bajo control obrero y de los usuarios, donde se pueda controlar y ampliar el servicio a todos los barrios y localidades ya sin el anhelo del ganancias de los empresarios. Para que se pueda invertir en una renovación del servicio, tener tarifas accesibles para todo el pueblo trabajador sin que implique un pésimo servicio. Los trabajadores de estas empresas saben muy bien cómo y dónde se debe mejorar. Por estos motivos nuestros servicios de luz, gas, agua y hasta la extracción, refinamiento y distribución de petróleo no pueden estar en manos de multinacionales ni de empresarios privados. Tanto los recursos naturales como los servicios deben ser prioridades para atender necesidades sociales, controlados y gestionados por los trabajadores.

(1) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) es una empresa que integran representantes privados y del sector público.



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