Una historia de tortura y abusos múltiples en Tucumán

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Día a día: reconstrucción de la saña y violencia con la que el Estado vulneró los derechos de una niña de 11 años y la obligó a continuar con un embarazo no deseado durante 23 semanas. Un nuevo salto en la revictimización de una víctima de violación.

La niña tucumana de 11 años, embarazada producto de una violación, fue sometida a una cesárea finalmente este miércoles, mientras cursaba la semana 23 de gestación.

Este desenlace, que no fue el que le correspondía según la ley porque el Estado le debió haber garantizado la interrupción legal del embarazo (ILE), estuvo plagado de derechos vulnerados.

-El día 23 de enero la niña concurre por fuertes dolores de abdomen a un Centro de Atención Primaria de la salud, en el departamento de Burruyacú. Los médicos detectan ahí un embarazo de 16 semanas, sin embargo dan de alta a la niña. Pocos días más tarde, el 31 de enero, fue derivada al Hospital del Este Eva Perón, en donde ingresó por “autolesiones”. Esa niña de apenas 11 años, no podía soportar la terrible situación que atravesaba y por eso tuvo un intento de suicidio.

  • Una médica del cuerpo forense de Tribunales señala “el alto riesgo obstétrico si continúa el embarazo”. De acuerdo a un informe que consta en el expediente abierto por el abuso sexual.
  • Al momento de la internación estaba en condiciones de realizar una ILE. Pero a pesar del pedido expreso de la madre de la niña como de ella misma (“quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”), las autoridades del hospital se ocuparon sistemáticamente de obstaculizar el procedimiento.
  • Ningún equipo interdisciplinario la acompañó. Solo su madre se ocupó de consolarla en los momentos en donde el llanto y la desolación hacían insoportable la espera.
  • Todas las autoridades desde el Secretario Médico, Gustavo Vigliocco como la ministra de Salud provincial, Roxana Chahla, se encargaron de hacer declaraciones mentirosas y de apoyar la dilación en la realización de la ILE.
  • Finalmente en la semana 23 la justicia autorizó interrumpir el embarazo. Pero por haber pasado siete semanas desde la primera constatación del embarazo, tuvieron que realizarle una cesárea.
  • En el quirófano todos los médicos y enfermeras presentes se declararon como objetores de conciencia. Es decir que frente a la niña cuya salud ya estaba corriendo riesgo (por su escaso peso y la elevada presión arterial) se negaron a participar de la cesárea.

    Una brutalidad pocas veces vista, que pudo sortearse por la decisión de un médico y su esposa que ante tamaña escena decidieron continuar con la cesárea.

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    Cabe aclarar que ambos médicos están citados por la justicia. La doctora Cecilia Ousset indicó que ni bien salieron del quirófano fueron abordados por un policía quien les entregó una citación judicial.

    El motivo todavía no está del todo claro, pero sí la prueba irrefutable de la constante intimidación que deben enfrentar todos aquellos que estén dispuestos a garantizar el ejercicio de derechos elementales como en este caso: el de decidir sobre el propio cuerpo.



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