Una salida por izquierda para enfrentar el ataque al pueblo trabajador

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Con la megadevaluación macrista el dólar ya roza los $ 40, la inflación estimada por Hacienda asciende a 42 % y la contracción económica será de 2,4 %. Apurados por el “golpe de mercado” consolidaron uno de los mayores ataques al pueblo trabajador que incluye más ajuste fiscal y despidos estatales a pedido del FMI.

El macrismo logró en tiempo récord chocar la calesita de la economía. El modelo M, en crisis, ideado para beneficiar a los sectores amigos del campo y financiero, a la patria contratista, a los evasores fiscales, garantizó desde el inicio la “vuelta a los mercados internacionales de crédito” arreglando el pago a los fondos buitres. Esto le permitió en sólo dos años y medio de gobierno aumentar la deuda en más de U$S 100.000 millones.

La fiesta del endeudamiento, con bonos en pesos a tasas altísimas (Lebac) permitió un carry trade o bicicleta financiera muy rentable para la lluvia de inversiones especulativas. Ante algunos cambios del frente externo, esos mismos sectores desataron la corrida cambiaria y la megadevaluación.

El “golpe de mercado” llevó la cotización del dólar a $ 40, que tendrá un consecuente impacto en precios internos y pérdida de salario real. La “ayuda” del FMI para cubrir el déficit financiero, que no para de crecer por la fiesta los fugadores no será gratuita. De la mano del “déficit cero” aplicarán un mayor ajuste fiscal y una nueva ola de despidos.

Hace falta un programa para que la crisis no la paguen los trabajadores. A continuación, algunos puntos centrales.

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1) ¡No al pago de la deuda! Fuera el FMI

Hacia fines de abril el Gobierno recurrió desesperadamente a pedirle “ayuda” financiera al Fondo Monetario Internacional para intentar calmar a los especuladores que no paraban de vender sus pesos “invertidos en Lebac” por dólares contantes y sonantes.

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El Gobierno nunca pensó en destinar alguna parte de esos U$s 50 mil millones conseguidos por el préstamo stand by del FMI para educación, o salud o incluso para un plan de obras públicas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sectores vulnerables.

El plan A no resultó. Federico Sturzenegger fue el primer eyectado y en su lugar al frente del Banco Central entró el “lobo criollo” de Wall Street, Luis “Toto” Caputo. El plan B tampoco funcionó, algunos factores externos como la devaluación de la lira turca y la del real desataron nuevas corridas con mayor fuerza lideradas por los especuladores.

Sumido en el caos económico y político Macri tuvo que apurar una nueva entrega de dólares al FMI, por U$S 29 mil millones.

La deuda pública, cuando termine el mandato de Cambiemos, podría alcanzar a los U$S 400 mil millones, casi el doble que el stock existente al momento de asumir Macri.

Argentina nunca dejó de pagar sumas millonarias en concepto de capital e intereses de deuda al imperialismo. Bajo los gobiernos kirchneristas se pagaron más de U$S 200 mil millones, convalidando toda la deuda previa ilegal e ilegítima proveniente de la nacionalización de deuda privada en la dictadura de 1976.

El mecanismo de la deuda externa está diseñado para perpetuar la explotación de los prestadores imperialistas sobre los países deudores, con el fin de permitir que los grupos especuladores y bancos internacionales (Blackrock, Templeton, JP Morgan) puedan realizar sus ganancias, aumentando la injerencia geopolítica y aleccionando a los trabajadores y sectores vulnerables a través de ajustes fiscales que incluyen despidos, procesos de privatización, reformas previsionales, laborales, y devaluando el poder de compra de los salarios.

El ejemplo de Grecia es una muestra clara del note de los planes del FMI. En Nicaragua la escalada de las protestas sociales contra la suba de la edad jubilatoria a pedido de Lagarde, ya se ha cobrado la vida de más de 300 manifestantes.

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Por eso la única salida de fondo es el no pago de la deuda externa ilegal, ilegítima, fraudulenta y aumentada por los especuladores de ayer y de hoy. Para que las crisis no la paguen los trabajadores. Fuera el FMI.

2) En defensa del salario y los puestos de trabajo

Al ritmo de la crisis económica y política, las condiciones sociales de las masas de trabajadores y los más vulnerables están desmejorando vertiginosamente. Con el derrumbe de la actividad económica que será al menos de un 2,4 % se profundizan los efectos de la recesión, en muchos casos “habilitando” a los empresarios a cierres de fábricas y despidos en el sector privado.

La multinacional Mondelez (ex Kraft) fue la primera en anunciar un plan 200 despidos. Las automotrices como la General Motors también han anunciado suspensiones y despidos hace meses.

Otro elemento que ataca fuertemente al salario de los trabajadores es el aumento del nivel general de precios que se retroalimenta con la devaluación. Las especuladoras Arcor, Molinos y Unilever suspendieron sus ventas de productos básicos esperando nuevas remarcaciones de precios.

Lo mismo ocurre con las tarifas dolarizadas de los servicios energéticos privatizados. Ya se anunciaron audiencias públicas por subas en el gas este lunes. El precio de la nafta seguirá el mismo camino.

El nuevo piso de inflación oficial para 2018 se ubica en 42 %, mientras los aumentos paritarios que en su mayoría cerraron en un 15 % o en el mejor de los casos en un 25 % expresan una caída mayor del salario real. El Indec confirmó que en el primer semestre con una inflación de 16 % los salarios de la clase obrera “en blanco” cayeron un 6%, mientras que las trabajadoras y los trabajadores informales fueron los más golpeados con una pérdida del 10,4 %.

Por último, pero para nada menos importante, se encuentra el empleo estatal relacionado al salvaje ajuste fiscal exigido por Lagarde. Para garantizar los adelantos de dólares del FMI el Gobierno ofreció cerrar ministerios y despedir más trabajadores estatales, como los 600 despidos en el Ministerio de Agroindustria y los diez mil trabajadores del Ministerio de Justicia nucleados bajo el formato de “contratos de personal de entes cooperadores” que podrían quedar sin trabajo.

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El brutal ataque mediático que recibieron los trabajadores del Astillero Río Santiago es otra muestra del desprecio al empleo público, y en este caso puntual un intento de desprestigio para intentar avanzar en la privatización de un sector, el de la producción naval, redituable para empresas privadas que ya dominan la autovía del Paraná.

El tijeretazo fiscal también afectará a las jubiladas, jubilados, niños y niñas que reciben asignaciones. Esto estará impactado en un presupuesto de ajuste para 2019. Por eso se propone:

  • Ley de emergencia laboral con prohibición de despidos en el sector público y privado.
  • Actualización del salario de acuerdo con la inflación con indexación mensual automática, partiendo de un mínimo igual a la canasta familiar, que en la actualidad ronda los $ 30 mil.
  • Frenar los tarifazos. Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista de los Caputo (Edesur), Mindlin (Edenor) & cía. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional bajo gestión de sus trabajadores y control de los usuarios populares.
  • Aumento del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa, para garantizar aumentos de salario docente y obras de infraestructura por la crisis edilicia de las escuelas, y la posibilidad de otorgar becas a los estudiantes que lo requieran para garantizar el acceso a la educación gratuita.
  • Nacionalización bajo control obrero de toda empresa privada que cierre o despida.
  • Abajo el impuesto al salario.

    3) Por la nacionalización de la banca

    La completa liberalización del sistema financiero impulsada por Cambiemos aceleró la experiencia -ya conocida- con los capitales especulativos internacionales que consolidaron una megadevaluación del 100 % en 2018.

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    La responsabilidad política del macrismo es innegable, desde la ingeniería financiera del carry trade con Lebac que alimentó una bomba de tiempo que pretende pagar con los dólares del FMI, y todo lo que ello le costará al pueblo trabajador.

    Los especuladores buitres se llevaron más de U$S 20 mil millones en los primeros siete meses del año. Es conocido que los exempleadores de Caputo, el J.P. Morgan y otro banco internacional se llevaron U$S 2 mil millones de las reservas del Banco Central cuando comenzó la corrida a fines de abril.

    Pero los empresarios nacionales, muchos de ellos pertenecientes al “club de la obra pública”, también hicieron buenos negocios. Si bien es un poco dificultoso estimar el número exacto del dinero “fugado” de argentinos en el exterior (billetes, depósitos en paraísos fiscales como Panamá, propiedades en otros países, bonos públicos y acciones de empresas), las cifras oficiales del Indec ubican los activos de argentinos en el exterior en unos U$S 250 mil millones. Otros cálculos llegan hasta U$S 400 mil millones.

    Con el dólar a $ 40, considerando los datos oficiales, el PBI de Argentina fue en el primer trimestre del año de U$S 300 mil millones. Es decir, que se fugaron más de un PBI.

    Esto es un verdadero saqueo en curso y en las sombras, perpetrado por el empresariado amigo como los Calcaterra, los Mindlin, los Rocca o los Caputo. Mientras los medios intentan establecer un sentido común sobredimensionando la corrupción con la obra pública denunciada en el Cuadernogate (que claro que la hubo, pero no llega en el más científico de los cálculos al 10 % del PBI), este mecanismo de fuga y evasión fiscal no para.

    Previo a la crisis de 2001, los cincuenta grupos que fugaron capitales al calor de la crisis de 2001 fueron Pérez Companc, Telefónica de Argentina, Repsol, Telecom, Nidera, Shell.

    La nacionalización de la banca bajo gestión de los trabajadores no sólo quitaría una herramienta que el gran capital utiliza para la fuga, también permitiría evitar la confiscación a los pequeños ahorristas, como hizo al principio de su gestión Carlos Menem o la Alianza con el “corralito”. Una banca estatal única sería una herramienta poderosa para el crédito barato para la vivienda popular o para el pequeño comerciante ahogado por la crisis.

    4) Monopolio del comercio exterior

    Complementando la propuesta de un sistema de banca nacional única, el monopolio del comercio exterior se vuelve necesario para regular la fuga de capitales y el fraude fiscal. El comercio exterior es dominado por menos de cien empresas entre las que se encuentran las multinacionales exportadoras agrarias, algunos complejos industriales como el automotriz, y compañías mineras y petroleras, las cuales inflan los precios de sus compras al exterior para disfrazar los balances, se aprovechan de sus propios puertos para evitar los controles aduaneros.

    Detentan una “posición estratégica” de peso que utilizan para condicionar la economía, generar golpes de mercado o escasez de divisas. El monopolio del comercio exterior permitiría administrar las divisas provenientes de las exportaciones en función de las necesidades del pueblo trabajador y no en función de las ganancias de unos pocos. Las retenciones a los productos agrarios exportables como la soja y las trabas a la importación de productos que podrían producirse en el país son clave.

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    5) Ahora es cuando hay que derrotar el ajuste del macrismo y el FMI

    La crisis argentina de 2001 fue el punto más álgido de una etapa de crisis de deuda en la periferia que tuvo al FMI como verdugo. Hoy está en marcha un nuevo saqueo y las apuestas de un posible default están en alza.

    Esa dualidad entre un negocio millonario para especuladores y empresarios, promovido por la clase social gobernante -la burguesía- y los costos que pretenden hacer recaer con crudeza sobre los trabajadores y sectores vulnerables -la clase obrera- es lo que hay que revelar y enfrentar.

    El aumento de la pobreza y de la desocupación -al igual que en los 90- generará el “ejercito de reserva” necesario para hacer pasar este ataque y disciplinamiento de los trabajadores.

    El peronismo no es opción porque antes o después negociará el presupuesto de ajuste para el año próximo, tal como lo hizo en el 2000 con la Alianza. Para el 2019 falta mucho, es prioritario pensar una salida de clase para frenar el ataque en curso.

    Ahora es cuando hay que derrotar los planes de Macri, sino las consecuencias sociales serán catastróficas. Hay que exigirle a las centrales sindicales adormecidas, CGT y CTA, un paro activo nacional de 36 horas, que sea el comienzo de un plan de lucha que termine en la huelga general.

    Para construir esa medida es necesario impulsar, desde los sindicatos y centros de estudiantes, asambleas en los lugares de trabajo, estudio y en los barrios, y coordinadoras de los sectores en lucha.

    El malestar se está mostrando en luchas como la del Astillero Río Santiago, o en defensa de la universidad pública o en las de estatales.

    Contra el régimen de saqueo y corrupción, siendo que la mayoría del pueblo trabajador no comparte aún el objetivo estratégico de la izquierda de conquistar un gobierno de los trabajadores, es que el PTS en el Frente de Izquierda propone luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que se plantee reorganizar el país en función de las necesidades obreras y populares.

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