UNS: Escandalosas irregularidades en la creación de la Lic. en Seguridad Pública

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En la creación de esta carrera a medida de las fuerzas represivas, los órganos de gobierno de la UNS pasan por alto sus propios reglamentos, a espaldas de la comunidad educativa.

Mientras los estudiantes y docentes de la UNS se enteran a través de los medios de la creación de esta carrera a medida de las fuerzas represivas, el Consejo Superior dispone que también se puedan tomar las clases a través del programa de educación a distancia en la sede del PEUZO de la UNS en Saavedra, extendiendo a la zona la política de integrar a la universidad a los agentes policiales.

La celeridad con la que se dispone la apertura de esta nueva carrera, cuyas inscripciones abren mañana mismo, contrasta con la ausencia de un debate del conjunto de la comunidad educativa para tomar estas decisiones. También contrasta con la falta de respuesta que el régimen de gobierno universitario ante los reclamos de reapertura de Trabajo Social y Sociología, carreras cerradas desde la última dictadura cívico militar.

A los escandalosos acuerdos entre la Universidad Nacional del Sur y el Ministerio de Seguridad, en la cual la universidad fue parte de la formación de los actuales policías locales de Bahía Blanca, se suman las irregularidades con la que fue creada, en los papeles, esta carrera.

Los distintos órganos de gobierno de la UNS en su conjunto, la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior Universitario, plantean en sus resoluciones que ya existe un aval del departamento de Humanidades, que tendría a su cargo el dictado de una materia de Inglés en esta nueva carrera. Ante esta situación hay dos irregularidades que hacen ilegítima esta definición; en primer lugar el aval del departamento de humanidades esta fraguado y no sólo eso, sino que aparece en las actas antes de que el debate llegue al mismo departamento.

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En la resolución del Consejo Superior Universitario del 16 de noviembre de 2017, firmada por el rector Sabbatini y el Secretario General del CSU, Duprat, se plantea como un considerando “Que los departamentos de Economía y humanidades (…) tendrán a cargo materias de servicio y se han expedido favorablemente al respecto”. Pero esto se afirma UN MES ANTES (Noviembre 2017) de que el pedido de aval siquiera sea discutido por el Consejo Departamental de Humanidades (Diciembre 2017). Dicho pedido nunca fue aprobado porque no se contaba con ninguna información sobre el plan de estudios y el perfil de la Licenciatura en Seguridad Pública.

Con las mismas palabras aparece el considerando en la resolución de la Asamblea Universitaria del 26 de abril de 2018 que hace efectiva la creación de la carrera, y remite a la foja 27 del expediente 3080/2017. Y ahí se hace evidente la segunda irregularidad: lo que se cita como si fuera el aval del Departamento de Humanidades es una nota de una docente coordinadora del Área de Lenguas Extranjeras, que de ninguna manera puede interpretarse como un aval de todo un departamento. Dicho aval NO EXISTE y fue fraguado flagrantemente por los órganos de gobierno de la universidad.

Desde Izquierda Diario denunciamos una doble ilegitimidad de este procedimiento: por un lado porque todos estos órganos de gobierno dan una representación marginal a quienes son la amplia mayoría de la comunidad universitaria: el claustro estudiantil. Resuelven qué hacer con los fondos de la educación pública a espaldas de la comunidad educativa, mientras mantienen negocios con empresas privadas, precarizando a estudiantes con becas de trabajo.

Pero además, en este caso, incluso violando su propia legalidad, falsificando un aval que no existe para acelerar la creación de una carrera que impulsa la impunidad y la represión. El mismo departamento de derecho que habilita esa maniobra escandalosa es quien, junto a las autoridades de la Universidad Nacional del Sur, permitieron que el ex juez Montezanti se perpetúe en su cargo docente mientras era investigado por crímenes de lesa humanidad.

Las políticas de ajuste que impulsan el Gobierno de Macri y los gobernadores, y que se recrudecerán con el acuerdo con el FMI, necesitan de la represión y la criminalización de la protesta social. Es necesario que se desarrolle una gran campaña en la UNS en contra de la Licenciatura en Seguridad, plata para educación, NO PARA REPRESIÓN.



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