Violando niños y derechos humanos

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El autor, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, analiza los dos años transcurridos desde que se destapó el escándalo del Instituto Provolo de Mendoza.

Hace dos años la opinión pública tomaba conocimiento de los aberrantes sucesos ocurridos en el Instituto Antonio Provolo, con sedes en Mendoza y La Plata.

En ese período de tiempo, el principal actor de esta película de terror -la Iglesia Católica- mantuvo su accionar ilegal y contrario a los derechos humanos de las víctimas.

Es que el papa Bergoglio, en su infinita demagogia, ha sido incapaz de cumplir con las exhortaciones que el Comité de los Derechos del Niño le indicara a la institución que preside. Y el caso Provolo forma parte de ese contexto antijurídico.

  • Incumplimiento y retraso de 14 años en presentar el informe periódico.
  • Inobservancia de la mayoría de las recomendaciones que figuran en las observaciones finales.
  • Incumplimiento de la solicitud de retiro de todas las reservas efectuadas por la Santa Sede a la Convención.
  • No establecimiento de un mecanismo de alto nivel para coordinar el ejercicio de los derechos del niño.
  • Inexistencia de mecanismos independientes de vigilancia de los derechos del niño.
  • Nula difusión de las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño en espacios y ámbitos eclesiales.
  • Escasa capacitación a los docentes católicos sobre las disposiciones de la Convención.
  • Mantenimiento del sistema jurídico canónico, principal eje donde engarza la estructura de encubrimiento de sacerdotes abusadores sexuales.
  • Creación de organismos y prácticas que blindan la institución, en desmedro de los derechos de las víctimas.
  • No ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual.

    Esos apenas algunos de los incumplimientos. Todos y cada uno de ellos pueden aplicarse al caso Provolo.

    Se suman, el accionar autoritario y cínico, sea del Administrador Apostólico nombrado por el papa, obispo Alberto Bochatey, o de uno de sus enviados a investigar canónicamente, presbítero Dante Simón. El primero jugando al rol de mercachifle, ofreciendo en venta al poder político mendocino el predio donde funcionaba el Instituto. Y el segundo burlándose de una orden judicial que a principios de 2017 lo conminaba a presentar las constancias escritas de su propia investigación.

    A dos años del horror, los carniceros de la humanidad, en su versión clerical, continúan obsesionados por mantener el sepulcro blanqueado, a costa de la vida de niños, niñas y adolescentes abusados.

    Todo un signo de respeto a la dignidad y derechos humanos.



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